El Gobierno nacional redujo partidas para programas educativos y registró bajos niveles de ejecución en 2024. El plan de alfabetización recibió un tercio de los fondos del año anterior y solo se ejecutó el 38%. Los comedores escolares tuvieron una inversión del 28%.
El sistema educativo argentino enfrenta una reducción presupuestaria y una baja ejecución de fondos en 2024, según datos oficiales y análisis publicados en medios nacionales. El Ministerio de Educación fue reemplazado por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, desde el 10 de diciembre de 2023.
El plan de alfabetización recibió este año un tercio de la asignación de 2023, y de ese monto solo se ejecutó el 38%. Los programas de gestión y asignación de becas estudiantiles y las acciones de formación docente también registraron reducciones presupuestarias y baja ejecución en comparación con el año anterior.
El programa de comedores escolares mantuvo su partida, pero hasta el momento se invirtió el 28% de lo asignado. El programa de terminalidad educativa de jóvenes y adolescentes no recibió modificaciones presupuestarias, pero tampoco se ejecutaron fondos. El fortalecimiento de la Educación Sexual Integral también permanece sin ejecución de fondos.
Una excepción es la partida destinada al Consejo Federal de Educación, que registró un devengado cercano al triple de su asignación original.
En respuesta al paro docente, el Ministerio de Capital Humano implementó un sistema de control en las escuelas, fundamentado en la consideración de la educación como servicio esencial. Esta clasificación exige que al menos el 60% de los estudiantes reciban clases. En varias provincias, las instituciones educativas permanecieron cerradas sin actividad, según informes periodísticos. La penalización por incumplimiento es de aplicación compleja porque la educación es responsabilidad de los gobiernos provinciales y la medida choca con el derecho a huelga de los docentes.
En el sistema universitario, el Gobierno nacional no ha ejecutado la ley de presupuesto universitario aprobada, lo que motivó un paro y una movilización convocada por el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales. La convocatoria busca reunir a docentes, no docentes, estudiantes y otros sectores que apoyan la sostenibilidad de las universidades públicas.