El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el magistrado Abdoulaye Seye, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump contra el tribunal.
Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la corte. La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado oficial.
Según Rubio, las sanciones se deben a que estas personas «se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» de ese tribunal. El anuncio coincide con lo adelantado en julio por el propio Rubio, quien prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte.
«La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía», añadió Rubio.
Las sanciones incluyen la prohibición de viaje a Estados Unidos y el congelamiento de activos en ese país. Washington ya había impuesto medidas similares a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado el Estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel, que tampoco es firmante.
En un comunicado, la CPI reaccionó considerando que las sanciones «socavan el Estado de derecho». «Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo», señaló el tribunal con sede en La Haya. Además, la corte rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» y de acuerdo con el Estatuto de Roma.