El máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo sobre el estado de salud de los internos y las posibilidades de tratamiento en los establecimientos donde están alojados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, firmó una acordada en la que encomendó al Cuerpo Médico Forense la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”. La medida fue solicitada por represores y sus familiares.
El protocolo deberá ser elaborado en un plazo de 30 días corridos por el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la propia Corte. Según la acordada, el documento se distribuirá entre jueces penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ordenaron que el protocolo incluya exámenes e informes médicos para constatar el estado de salud de la persona, la verificación de las condiciones concretas de detención y la factibilidad de llevar a cabo el tratamiento indicado dentro del establecimiento penitenciario.
En la acordada, los magistrados afirmaron: “El motivo del encarcelamiento no puede ser óbice para brindar al reo la atención que necesita, pues lo que está en juego es un principio elemental de humanidad”.
Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay 76 represores presos en cárceles, de los cuales 58 están en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, unos 440, se encuentran en arresto domiciliario.
Entre los detenidos se encuentran Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Christian Federico von Wernich. Desde organizaciones pro-militares celebraron la medida, mientras que fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py la calificaron como una “suelta de genocidas” y un “2×1 disfrazado”.