El gobierno de Estados Unidos aceptó postergar hasta el 8 de octubre de 2026 la restauración del nombre de Donald Trump en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, tras una audiencia judicial celebrada este lunes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito en el que accede a no avanzar con la restauración del nombre del presidente Donald Trump en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas antes del 8 de octubre de 2026. La decisión se conoció después de una audiencia judicial de dos horas celebrada ante el magistrado Christopher Cooper, en el marco de una disputa por el alcance de los reconocimientos a Trump en el recinto cultural.
El directorio del centro había aprobado el 13 de agosto un plan que prevé una inscripción debajo del cartel principal para indicar que el edificio fue “restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. Además, el proyecto contempla renombrar la plaza y el terreno donde se levanta el edificio en honor al mandatario, así como una referencia adicional en el frente si un fondo patrimonial alcanza los 100 millones de dólares.
Durante la audiencia, el juez Cooper puso en duda la urgencia del cronograma inicial que impulsó el directorio, que fijaba el 8 de septiembre como fecha límite. “¿Qué tiene de mágico esa fecha?”, preguntó el magistrado, y bromeó que durante el feriado por el Día del Trabajo los jueces suelen irse de viaje, según reportó Associated Press.
El juez advirtió que, si el centro no modificaba con rapidez su calendario, podía verse obligado a impedir temporalmente cualquier avance mientras siguiera el litigio. En consecuencia, el Departamento de Justicia presentó el escrito en el que accede a no avanzar con los cambios antes del 8 de octubre de 2026, precisó CNN.
La ofensiva judicial contra el plan fue presentada por la congresista demócrata por Ohio Joyce Beatty, integrante ex officio del directorio. Su abogado, Nathaniel Zelinsky, sostuvo que el directorio intentaba hacer “lo mismo” que antes, con otra formulación, y pidió una intervención urgente porque temía que el centro avanzara de manera reservada antes de que hubiera una decisión final, indicaron ABC News y CNN. “Me preocupa que puedan hacer esto en medio de la noche”, advirtió.
Por su parte, el abogado del gobierno, Brantley Mayers, afirmó que no había “ninguna evidencia” que indicara que la decisión de volver a poner el nombre de Trump en el edificio estuviera pronta a concretarse. De todas formas, reconoció que “es evidente que reconocer al presidente ayudará a abordar tanto los problemas financieros como estructurales” del centro.
El juez Cooper también cuestionó la legalidad de la resolución aprobada por el directorio. Señaló que un intento previo de renombrar el edificio como “Donald J. Trump y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas” ya había sido declarado violatorio de la ley federal por su fallo de mayo. En la audiencia, indagó si el renombramiento de la plaza vulnera una ley de 1983 que prohíbe “memoriales adicionales” en las áreas públicas del centro, y sugirió que, bajo la interpretación del gobierno, el directorio podría poner el nombre de otros expresidentes como Obama y Bush en distintos sectores del complejo. “Todo estaría básicamente a la venta”, planteó.
En escritos recientes, los abogados de la administración alegaron que, si el centro no consigue fondos para renovaciones y no puede avanzar con el reconocimiento a Trump, la estructura podría deteriorarse hasta el punto de requerir su derribo. Incluso mencionaron la posibilidad de construir en su lugar un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró ante periodistas que la demolición sería una “eventualidad” si Trump no pudiera renovar el centro, aunque descartó una medida inmediata.
Zelinsky apuntó contra la advertencia: “Es una amenaza nada sutil, del tipo: ‘Vaya, qué bonito Centro Kennedy tienen aquí; sería una pena que le pasara algo’”, expresó citado por CNN. No obstante, de acuerdo con ABC News, Cooper quitó centralidad a ese argumento y volvió a encuadrar el debate en la legalidad de la resolución aprobada por el directorio. “Debo decir que las primeras cuatro o cinco páginas de su informe no guardan relación con el punto en discusión. Estamos aquí para debatir si la resolución de la junta fue coherente con mi orden y con los estatutos”, explicó.
El juez también consultó si todavía conserva jurisdicción suficiente para frenar esos cambios mientras su fallo anterior sigue apelado. Zelinsky replicó que, si el tribunal no actuaba, se abriría un vacío en la capacidad de hacer cumplir la sentencia de mayo, señaló Associated Press. Pese a las advertencias del abogado, Cooper no llegó a ninguna decisión y dijo que necesitará tiempo para “prestar a los asuntos la atención que merecen”.