La Justicia estableció que el Estado argentino debe abonar casi 10 millones de dólares a los abogados que defendieron a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros acusados en un juicio civil que Vialidad Nacional dejó caducar.
Buenos Aires, 7 de septiembre – La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal determinó que el Estado deberá pagar casi 10 millones de dólares en honorarios a los abogados que intervinieron en un juicio civil contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados. El proceso quedó sin efecto por falta de impulso procesal de Vialidad Nacional, que no continuó con el reclamo.
El juicio civil fue iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados. Al no ser impulsado por Vialidad Nacional, la Cámara declaró la caducidad de la instancia y dio por terminado el proceso. Posteriormente, los abogados de los acusados solicitaron la regulación de sus honorarios.
El monto total a distribuir entre doce letrados asciende a 13.614 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 10 millones de dólares. El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 2.427.604 dólares, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.
La Cámara frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema resuelva si revierte la decisión o si confirma que el Estado dejó caer el juicio. El 4 de agosto, los abogados de la expresidenta, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para solicitar el cobro de los honorarios.
Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión. La distribución de los honorarios es la siguiente:
- Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604
- Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno
- Luis Goldín: US$ 359.354
- Fernando Muriel: US$ 216.410
- Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo, Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa
- Oscar Luis Vignale: US$ 866.320
La Corte Suprema deberá decidir si confirma la caducidad o si revierte la decisión, lo que determinará si el Estado debe efectuar el pago.