El informe de Argentinos por la Educación, basado en datos de la OCDE, indica que los puntajes cayeron en las tres áreas evaluadas respecto de 2022. Un académico plantea la necesidad de una reforma educativa y menciona el Proyecto de Ley de Libertad Educativa.
El 30 de julio de 2010, en una columna publicada en Ámbito, se analizaron los resultados de PISA 2006 y se advirtió que mantener a los chicos en las aulas era una condición necesaria para educarlos, pero no suficiente. La columna cerraba con un deseo: «En diciembre próximo se harán públicos los resultados de la ronda 2009, ojalá los mismos no sean los que intuyo».
Dieciséis años después, los resultados de PISA 2025 vuelven a confrontar con aquella realidad. Según el informe de Argentinos por la Educación, elaborado sobre los datos de la OCDE, el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años evaluados no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Matemática. En Lectura y en Ciencias, esa proporción fue del 59%. Los puntajes cayeron en las tres áreas respecto de 2022: de 378 a 367 en Matemática, de 401 a 389 en Lectura y de 406 a 393 en Ciencias.
En 2006, el 36% de los estudiantes argentinos alcanzaba al menos el nivel mínimo en Matemática. En 2025, lo hizo el 24%. Los adolescentes examinados en esta última edición cursaban los primeros años de la primaria cuando ya se discutía por qué tantos jóvenes pasaban por la escuela sin adquirir los conocimientos básicos.
PISA no mide todo lo que una escuela enseña ni permite reducir la educación a un puntaje. Sin embargo, el informe señala que una proporción elevada de alumnos no alcanza competencias básicas. Comprender un texto y utilizar conocimientos matemáticos son herramientas necesarias para continuar estudiando, aprender un oficio o tomar decisiones en la vida cotidiana.
El 30 de mayo de 2011, también en Ámbito, se publicó «Equidad educativa». Los resultados de PISA llevaban a señalar que los gobiernos cumplían solo formalmente con su obligación de asegurar la educación de los niños y adolescentes. «Es hora de evaluar reformas radicales», se proponía entonces. La nota invitaba a considerar otras formas de organizar y financiar la educación, para que la posibilidad de elegir escuela no dependiera de los ingresos de los padres.
Modificar el sistema educativo implica riesgos. Quienes los señalan deberían explicar qué les permite confiar en que conservar su organización producirá los aprendizajes que durante tanto tiempo no ha logrado asegurar, según el artículo. El texto pregunta por qué el costo de cambiar ocupa tanto espacio en la discusión y el de seguir igual parece requerir tan pocas explicaciones.
Una familia que puede pagar otra escuela dispone de una alternativa cuando considera que sus hijos no están recibiendo la educación adecuada. Quien carece de esos recursos encuentra límites más estrechos. Que ambas tengan reconocido el derecho de elegir no significa que puedan ejercerlo en condiciones semejantes. El financiamiento público debería contribuir a reducir esa diferencia, manteniendo la responsabilidad estatal de garantizar el acceso a la educación. El Proyecto de Ley de Libertad Educativa lo contempla, según el autor.
La ley necesita una implementación cuidadosa. La persistencia de los malos resultados debería hacer exigentes con las reformas propuestas, pero también con los argumentos utilizados para rechazarlas, sostiene el texto.
En julio de 2010, el autor deseaba equivocarse al anticipar los resultados de la siguiente evaluación. Desde entonces, otra generación ingresó a la escuela y llegó a los 15 años sin que se lograran asegurar los aprendizajes básicos. El artículo cierra preguntando cuántos de los chicos que hoy comienzan la primaria deberán atravesar la misma experiencia antes de que se decida cambiar.
El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación y director del UCEMA Friedman Hayek Center.