El Departamento de Seguridad Nacional eliminó el marco regulatorio de 2022 y otorgó al Uscis mayor discrecionalidad para analizar la situación económica y personal de los extranjeros que tramitan admisión o ajuste de estatus.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó un cambio en las reglas utilizadas para determinar si un extranjero puede ser considerado inadmisible por carga pública. La nueva regulación elimina el marco establecido en 2022 y devuelve a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) una mayor capacidad para analizar cada solicitud de manera individual.
Qué anticipó el DHS sobre la nueva regla de carga pública del Uscis
Según la información oficial, la evaluación ya no se limitará a determinadas formas de asistencia gubernamental. Los oficiales podrán considerar la información disponible en el expediente y determinar, a partir del conjunto de circunstancias, si existe una probabilidad de que la persona dependa de recursos públicos en algún momento.
“Haciendo uso de un buen juicio y discreción, el Uscis evaluará la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública, en la totalidad de las circunstancias, tal como lo prevé el Congreso”, explicó el organismo.
La norma se aplicará tanto a determinados procesos de ajuste de estatus como a solicitudes de admisión a Estados Unidos. Su entrada en vigor está prevista para el viernes 18 de septiembre.
Qué analizará el Uscis sobre carga pública en cada solicitud
El procedimiento contempla una revisión de la situación del solicitante por parte del Uscis. Entre los elementos que deberán considerar los funcionarios se encuentran:
- Edad
- Estado de salud
- Composición familiar
- Activos
- Recursos disponibles
- Obligaciones financieras
- Ingresos
- Historial laboral
También se tendrá en cuenta la formación académica y las capacidades profesionales. Asimismo, las credenciales educativas, licencias, certificados, experiencia de trabajo y otros elementos relacionados con la posibilidad de incorporarse al mercado laboral pueden formar parte del expediente analizado.
La existencia de un ingreso reducido no implica por sí misma una determinación de inadmisibilidad. Del mismo modo, una discapacidad tampoco constituye automáticamente una causa para rechazar el trámite.
La evaluación debe realizarse con base en las circunstancias particulares de cada persona. “Esta reglamentación facultará a los oficiales para considerar no solo los factores estatutarios obligatorios y la recepción de beneficios públicos, sino también toda la evidencia e información relevante en el expediente específico del extranjero”, detalló el DHS.
Carga pública del Uscis: el cambio sobre el uso de beneficios públicos
Uno de los cambios centrales está relacionado con los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. El Uscis podrá considerar si el extranjero solicitó, fue aprobado o recibió prestaciones cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos del beneficiario o de su familia.
El análisis puede abarcar beneficios en efectivo y determinadas prestaciones no monetarias, entre ellas:
- Medicaid
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
- Asistencia federal para alquiler
- Determinadas ayudas económicas destinadas a estudios superiores
Los funcionarios también podrán valorar cuánto tiempo se recibió el beneficio, su monto, frecuencia, naturaleza y si la necesidad de asistencia fue temporal o se mantiene en el tiempo. Además, cuando corresponda, se revisará el formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico.
La determinación de carga pública corresponde al extranjero que tramita la admisión o el ajuste de estatus. Por regla general, los beneficios que reciben el cónyuge, los hijos ciudadanos estadounidenses u otros familiares que son residentes permanentes no se atribuyen automáticamente al solicitante.
Quiénes están exentos de la evaluación de carga pública del Uscis
La legislación mantiene distintas exenciones frente a la inadmisibilidad por carga pública. Entre ellas figuran:
- Refugiados y asilados
- Determinadas víctimas de trata de personas o delitos que solicitan o poseen visas T o U
- Autopeticionarios bajo VAWA
- Ciertos jóvenes inmigrantes especiales
- Determinados beneficiarios de TPS
- Inmigrantes cubanos, nicaragüenses y centroamericanos bajo Nacara
- Algunos empleados y traductores afganos e iraquíes
Las exenciones también incluyen determinadas categorías diplomáticas y de funcionarios extranjeros, algunos familiares supervivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y víctimas de maltrato contempladas por la legislación aplicable. Estas excepciones se reflejarán en las instrucciones del formulario I-485 y en la documentación del Uscis.