La empresa de Elon Musk brinda internet satelital en las islas Malvinas con licencia del regulador británico. El secretario Andrés Dachary cuestionó la falta de autorización del Enacom, mientras el organismo derivó las consultas a Cancillería.
El 31 de octubre del año pasado Starlink, la empresa de Elon Musk, publicó en inglés el inicio de sus actividades en las islas Malvinas: “¡El internet de alta velocidad de Starlink ahora está disponible en las Falkland Islands!”. El 30 de octubre de ese año, el Falkland Islands Communications Regulator publicó el documento que le otorgó la licencia para operar en el territorio.
Días atrás, el medio PERFIL informó que la compañía firmó un acuerdo con el Enacom y el Ministerio de Capital Humano para brindar conectividad a 6.000 escuelas rurales. Sin licitación ni concurso, el convenio compromete un total cercano a los US$ 22 millones, de los cuales más de la mitad serán aportados por Argentina.
En el marco de una reivindicación del Gobierno sobre la soberanía en las islas, que incluye un proyecto de ley y sanciones para empresas que operan en ese territorio, el acuerdo con Starlink plantea una posible incompatibilidad entre el discurso del presidente Javier Milei y la práctica. En este contexto, el secretario de Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó públicamente a Starlink por la prestación de servicios de internet satelital en las islas Malvinas sin autorización del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
“A partir de las recientes sanciones impulsadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que operen ilegalmente en nuestras islas Malvinas, resulta determinante accionar también contra Starlink. Es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en ‘licencias’ del gobierno usurpador británico”, declaró Dachary en su cuenta de X. “Todo servicio de telecomunicaciones en la República Argentina requiere obligatoriamente la autorización y licencia del Enacom”, agregó. El funcionario sostuvo además que “este servicio de internet satelital beneficia y facilita directamente la logística y las operaciones de los buques extranjeros que participan en la exploración sistemática de nuestros recursos”.
PERFIL consultó a fuentes del Enacom sobre si querían responder a esta denuncia, si tenían competencia en Malvinas como territorio argentino y cómo se podrían manejar casos como este. La única respuesta fue que este medio consultara a Cancillería, cosa que también se hizo sin resultados positivos.
“Si el Gobierno realmente considera que las Malvinas, como dice la Constitución Nacional, son territorio argentino, la autorización debería darla el Enacom”, explicó a PERFIL Gustavo López, ex vicepresidente del organismo. El Enacom tiene la facultad, aclaró, de llamar al representante legal de la compañía y exigirle que solicite el permiso correspondiente. “Debe intervenir de oficio, porque el único que da autorización para servicios de Internet, de telefonía fija, de telefonía móvil, de correo, es el Ente Nacional de Comunicaciones. No lo están haciendo”, aseguró. “Esa es la doble vara o la inconsistencia de una política exterior que se reformuló a partir de las encuestas y a partir de la bandera de los hinchas y de la selección en el Mundial”, opinó. “Sin embargo Starlink, una empresa con la que acaban de hacer un convenio vergonzoso (porque no hubo concurso de precios, no hubo invitación a otras empresas), está dando, con autorización inglesa, servicios en Malvinas. Y el Enacom mira para otro lado”.
La aplicación de este convenio se dará a través del Ministerio de Capital Humano y específicamente de la Secretaría de Educación. PERFIL también les solicitó una respuesta acerca de si pensaban, dada la postura del Gobierno sobre las empresas que operan en Malvinas, reconsiderar la decisión de trabajar con Starlink, pero rechazaron la consulta y la derivaron a las autoridades del Enacom. “Capital Humano solo selecciona las escuelas”, agregaron. No volvieron a contestar ante el pedido de un listado de las 6.000 instituciones seleccionadas. Trabajadores de Arsat sospechan que podrían ser las mismas a las que actualmente la empresa estatal argentina ya les brinda conectividad. En ese caso, explicaron a este medio, “Starlink aprovecharía toda la infraestructura que ya construyó Arsat”.
En comunicación con PERFIL Dachary amplió sus afirmaciones. “Si bien en esta instancia no podemos auditar los contratos privados específicos que la empresa mantiene o podría mantener en las islas, el solo hecho de desplegar cobertura de alta velocidad y baja latencia sobre nuestros espacios marítimos abre la puerta a tres dimensiones operativas sumamente riesgosas”, y enumeró: primero, “la optimización potencial del saqueo pesquero e hidrocarburífero, ya que las flotas internacionales que operan con licencias ilegales británicas, así como las plataformas de exploración petrolera offshore, requieren transferir volúmenes masivos de datos en tiempo real”. Contar con un servicio de estas características “les permitiría coordinar operaciones geológicas complejas, monitorear el clima al instante, gestionar cadenas de suministro logísticas y comunicarse con sus matrices de manera altamente eficiente. En términos prácticos, se habilita una herramienta tecnológica capaz de hacer mucho más rentable y rápido el saqueo de nuestros recursos naturales”.
En segundo lugar, advirtió, “la eficiencia de los buques de apoyo logístico –que abastecen tanto a la industria extractiva como al complejo militar británico de Monte Agradable– daría un salto cualitativo al tener la posibilidad de operar con conectividad de banda ancha ininterrumpida en altamar, agilizando enormemente sus despliegues”. Por último, e independientemente de quienes sean sus clientes hoy, “al encender su señal y ofrecer comercialmente el servicio en las islas Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes sin la autorización del Enacom, la empresa ya está operando de manera clandestina en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”.
PERFIL también se contactó con la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia para saber su postura, pero hasta el momento de la publicación de esta nota tampoco obtuvo respuesta.