La Unicameral realizará una sesión especial por el 25° aniversario de la Convención Constituyente y luego una sesión ordinaria donde se tratarían proyectos vinculados a los casos de asesores con antecedentes judiciales. El PJ y la UCR intercambian acusaciones por presuntos carpetazos.
La Legislatura de Córdoba llevará a cabo el martes dos sesiones: una especial por el 25° aniversario de la última Convención Constituyente y una ordinaria en la que se prevé el tratamiento de proyectos relacionados con asesores legislativos involucrados en causas judiciales. La jornada se desarrolla en medio de declaraciones cruzadas entre el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) por presuntas investigaciones sobre antecedentes de colaboradores.
El caso de Omar Manuel Ludueña, empleado de planta de la Legislatura y asesor radical asignado al despacho de la legisladora Alejandra Ferrero, detenido por una investigación judicial por presunto abuso sexual, reavivó la discusión. El antecedente mencionado es el del exlegislador Ramón «Cañito» Flores, quien renunció a su banca tras los escándalos que involucraron a sus colaboradores José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado por delitos contra la integridad sexual, y Ariel Alejandro Rodríguez, con condena por peculado y usurpación.
El oficialismo reclamó a la UCR aplicar «la misma vara» que había utilizado contra el peronismo. «Tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral», cuestionó Facundo Torres. Desde el radicalismo rechazaron la comparación y calificaron la ofensiva del PJ como una «canallada política», según Matías Gvozdenovich. «No somos lo mismo», sostuvieron dos opositores de distintas procedencias partidarias. «Esto no es bueno para la institución», advirtió otro parlamentario no oficialista.
Entre los aliados de Rodrigo de Loredo entienden que la ofensiva peronista tiene como destinatario político al referente radical y que el ataque se concentra sobre Ferrero y Elisa Caffaratti. Cerca de Ferrero aseguraron que la legisladora «está tranquila» porque «no hubo encubrimiento, connivencia ni silencio cómplice». También rechazaron la acusación de que tomó licencia al conocer la denuncia contra Ludueña. «Es mentira», sostuvieron, y pusieron a disposición la factura del 30 de abril, cuando compró los pasajes para el viaje al exterior.
En paralelo, Leonardo Limia presentó un proyecto de resolución para que Ferrero mantenga su apartamiento de la actividad parlamentaria. «Yo creo que en la ordinaria van a querer tratar el proyecto de Limia», opinó un opositor. Otra fuente no oficialista dijo: «No sé si es estratégico», y no descartó que el PJ lleve sobre tablas otras iniciativas. «Habrá minutos para el barro», razonó una voz con experiencia legislativa, al recordar que este tipo de planteos necesita dos tercios para habilitar el debate. «Para un apartamiento, el PJ necesita los dos tercios y no los tiene», afirmó un opositor.
El Frente Cívico también fue mencionado. El bajo perfil de los juecistas durante el conflicto generó especulaciones sobre el diálogo entre Luis Juez y Martín Llaryora. «No lo conocen a Juez», dijo un dirigente del círculo del senador, y recordó: «Con lo de Cañito Flores fuimos contundentes». En medio del revuelo apareció una supuesta denuncia contra un colaborador de Daniel Juez. «La jueza archivó esa denuncia porque no tenía elementos», aseguró un juecista, quien la calificó como «una falsa denuncia» y dijo que el asesor tiene «limpio» el certificado de antecedentes, fechado el 25 de julio. El juecismo realizó su propio relevamiento: «Tenemos todos los certificados de antecedentes, los nacionales, y ya pedimos los provinciales. No hay nada», afirmó una voz del Frente Cívico.
Mientras la pelea política escala, la Legislatura intenta reforzar los controles. Los asesores deben presentar los dos certificados de antecedentes —nacional y provincial—, que serán renovados cada seis meses. El legislador Oscar Agost Carreño (PRO) aseveró que esto no resuelve el problema y demandó un cambio de régimen. Además, la Secretaría Administrativa comenzó a pedir a los empleados el certificado analítico del secundario o una constancia de estudios. El requerimiento cobró relevancia luego de que trascendiera que Ludueña no tenía el secundario completo y había ingresado a planta permanente mediante un concurso.
«Fue un acuerdo político de otra época», deslizó una fuente. «Se pegaron un tiro en el pie», agregó otra voz, al advertir que la revisión puede terminar exponiendo decisiones políticas de distintos sectores. Desde la UCR aportaron otro dato: «Si son más de mil los contratados, los nuestros son 125», dijo un interlocutor, en una advertencia sobre el posible efecto búmeran de la guerra de los carpetazos. Otro interlocutor planteó: «Si hay asistentes legislativos que están designados y tienen este tipo de denuncias o antecedentes, no pueden permanecer en la Legislatura, sean del palo que sean. No pueden».
Frente a este escenario, el martes la Unicameral exhibirá dos caras. «Va a haber dos sesiones juntas el martes: la especial, que va a ser en paz, con invitados; y la otra, que va a ser la guerra», resumió una voz con banca.