El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a un exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste por presunta malversación de caudales públicos. La defensa sostiene que no hubo perjuicio económico porque el monto fue descontado del salario del imputado.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra un funcionario municipal de San Antonio Oeste que utilizó la tarjeta de combustible durante un viaje particular mientras se encontraba de licencia. El fiscal Gustavo Arbues expuso los hechos en la audiencia.
Según la acusación, el hecho habría ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre pasado. En ese período, el imputado habría utilizado sin autorización la tarjeta “YPF en Ruta” que tenía asignada en su cargo como jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste.
La Fiscalía encuadró los hechos en el delito de malversación de caudales públicos, en calidad de autor, conforme a los artículos 45 y 260 del Código Penal, según informó el MPF provincial.
Para sustentar la acusación, el 24 de febrero de 2026 la Secretaría de Gobierno municipal presentó la denuncia y el 20 de agosto la amplió. En esa ampliación se precisaron las funciones del imputado, la modalidad de utilización del sistema y las circunstancias en las que se detectaron los consumos durante su licencia.
En la denuncia se manifestó que la comisión solicitada para viajar a Buenos Aires había sido rechazada previamente, que el hombre había sido advertido de que no podía utilizar la tarjeta y que los gastos fueron abonados por la Municipalidad.
Entre los elementos probatorios se incluyeron una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano, con el detalle de las fechas, los lugares y los horarios de las cargas de combustible; los tickets presentados por el imputado al regresar del viaje y la solicitud de licencia efectuada ante Recursos Humanos. También se incorporó una planilla de gastos correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025, por un total de $359.707,01.
La Fiscalía aportó, además, el organigrama municipal, que establece la dependencia de la Jefatura de Tránsito respecto de la Secretaría de Gobierno; un informe del Registro de la Propiedad Automotor, que acredita que el vehículo pertenece al imputado y a su cónyuge; y la resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que, tras el procedimiento administrativo, dispuso su cesantía.
La defensa, representada por los abogados Carlos Dvorzak y Adrián Zimmermann, se opuso a la formulación de cargos. Explicó que el imputado viajó a Buenos Aires para trasladar dos aparatos pertenecientes a su área que necesitaban ser calibrados, que usó su auto porque era habitual en el cumplimiento de sus tareas y sostuvo que efectivamente realizó el traslado en un viaje particular admitiendo haber utilizado una aplicación para las cargas de combustible.
Dvorzak dijo en este sentido que no hay ningún documento en el que conste el rechazo previo del pedido de licencia y reiteró que la modalidad de actuación descripta era habitual en el marco de las funciones del imputado. Asimismo, señaló que posteriormente se le descontó el importe correspondiente a los consumos. Sobre esa base, sostuvo que no existen elementos que configuren la comisión de un delito, ya que no existió perjuicio económico para el Estado porque el monto utilizado le fue descontado posteriormente de sus recibos de sueldo.
Agencia NA