El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó a un ciudadano peruano por encubrimiento de contrabando y solicitó la actualización del artículo 947 del Código Aduanero para adecuarlo a la inflación acumulada.
Un juez en lo penal económico procesó sin prisión preventiva a un ciudadano peruano de 44 años, identificado como Augusto S. V., por el delito de encubrimiento de contrabando, tras el secuestro de mercadería sin documentación respaldatoria. El magistrado Marcelo Aguinsky trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de $3.000.000.
El hecho ocurrió cuando el imputado estacionó su camioneta utilitaria en doble fila en la avenida Avellaneda al 2900, en el barrio de Flores, y comenzó a descargar bolsos. La mercadería incautada consistía en 58 sábanas, 20 frazadas, 15 acolchados y 20 fundas, con un valor de $943.219. La Policía de la Ciudad secuestró los productos y se inició una causa penal.
En su resolución, el juez Aguinsky propuso «una urgente actualización de los montos previstos en el artículo 947 de la ley 22.415 [Código Aduanero], a los fines de restablecer la debida correspondencia entre los valores tenidos en cuenta por el legislador y la realidad económica imperante».
El magistrado explicó que el monto mínimo de $500.000 fijado en diciembre de 2017, actualizado según la inflación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, ascendería hoy a aproximadamente $48.382.973. «De lo expuesto se colige la manifiesta desactualización de los parámetros cuantitativos vigentes, circunstancia que conduce a la persecución penal de conductas que, en su dimensión económica actual, resultan ajenas a la entidad lesiva que el legislador tuvo en miras al tipificar la conducta delictual», sostuvo.
Aguinsky agregó que «mantener la condición objetiva de punibilidad sin la actualización tras un proceso histórico de alta inflación importaría un despropósito en materia de persecución estatal del delito».
El juez también hizo referencia a la causa conocida como Mafia de los Contenedores, en la que se investiga el ingreso ilegal de mercadería valuada en 284 millones de dólares, con 98 personas imputadas, 45 de ellas funcionarios aduaneros. «Sin dudas, es allí donde el Poder Judicial debe volcar sus esfuerzos para luchar contra el contrabando», afirmó.
En su resolución, Aguinsky libró un oficio a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que eleve la sugerencia a la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por su intermedio, se comunique a la Comisión Penal y Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados «a fines de que se legisle una actualización de los montos de la Ley 22.415 específicamente en su artículo 947». Según pudo saber LA NACION, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ya elevó las actuaciones para que sean consideradas por la Corte Suprema.