El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en conferencia de prensa que la eliminación del régimen que limitaba la titularidad extranjera de tierras rurales busca potenciar la producción. Señaló que la medida no modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras y que la tierra continúa bajo jurisdicción argentina.
El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este martes a la discusión respecto de la Ley de Tierras y recordó que «durante años, la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de distintas actividades productivas».
En conferencia de prensa, precisó que «una de ellas fue la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, la cual establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio» pero «el artículo 154 del DNU 70 de 2023 derogó ese régimen».
El funcionario explicó que «el criterio detrás de esa decisión es que la Argentina tiene enormes extensiones de tierra con potencial productivo y que para desarrollarlas hacen falta inversiones de largo plazo».
A continuación, detalló: «Hablamos de capital para sistemas de riego, infraestructura, forestación tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios».
Por lo tanto, «Argentina tiene los recursos. El desafío es generar las condiciones para que el capital los pueda transformar en producción» y acto seguido, indicó: «Quiero aclarar algunos puntos importantes respecto a la derogación del régimen».
Primero, «lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural», aseveró.
Y añadió: «La derogación de la Ley de Tierras Rurales no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras. Las zonas fronterizas mantienen su régimen específico con sus controles correspondientes sobre la adquisición y tenencia de inmuebles».
«Tampoco afecta la soberanía territorial», debido a que «la tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción», afirmó.
Y sostuvo que «la Ley de Tierras, además, era una normativa contraria a lo que nuestra propia Constitución establece», debido a que, «los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos y son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias».
«Ahora bien, esta discusión volvió a partir de una decisión de la Corte Suprema. La semana pasada, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había dejado sin efecto la derogación de la ley de Tierras, dispuesta en el artículo 154 del DNU 70 de 2023 lo hizo porque consideró que la organización que había iniciado la demanda no tenía legitimación para promover esa acción», puntualizó.
Y marcó que «en los últimos días, la oposición cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia e incluso algunos diputados opositores presentaron una medida cautelar para dar marcha atrás con los efectos de la decisión de la Corte».
De hecho, «hasta hay quienes proponen dejar sin efecto la totalidad del DNU 70 de 2023» y por eso, «quiero detenerme en porqué este decreto es tan importante».
«Durante años, la Argentina acumuló regulaciones que le daban al Estado facultades para fijar precios, establecer cupos, exigir permisos e intervenir en acuerdos entre privados», recalcó y destacó que «el DNU 70 de 2023 empezó a desarmar ese esquema y a devolverles capacidad de decisión a las personas y a las empresas».
Hacia el final, Ravier aseguró: «Es volver a un modelo de país agotado, que esta gestión dejó atrás con reformas profundas para que la Argentina recupere la prosperidad» por lo cual «volver a todas estas leyes es volver a ese modelo. Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados».
«Y eso ya lo mostró la historia argentina, termina siempre igual, favoreciendo a los que tienen contactos no a los que producen», afirmó.
Y concluyó: «En definitiva, la discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad».