El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para modificar las leyes 1.472 y 12, que incluye multas de hasta $58 millones por venta ilegal en la vía pública y penas de hasta 90 días de arresto para reincidentes. La iniciativa será debatida en la Legislatura, donde requiere 31 votos.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral para modificar el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). La iniciativa busca modificar el régimen de sanciones mediante un incremento en el monto de las multas, la carga del trabajo comunitario y los días de arresto, además de agravar los castigos en casos de reincidencia.
Entre los puntos del proyecto, se contemplan multas que superan los $7 millones para quienes conduzcan alcoholizados y montos de hasta $58 millones para la venta ilegal en la vía pública. Asimismo, fija penas de hasta 90 días de arresto para los denominados «trapitos» reincidentes e incorpora nuevas faltas vinculadas al acoso callejero, las estafas digitales y la portación de elementos destinados a generar disturbios.
La reforma amplía las herramientas para el cumplimiento efectivo de las penas y adapta la normativa de la Ciudad para alcanzar a adolescentes de entre 14 y 17 años, alineándose con la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil.
«Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad», sostuvo Jorge Macri.
Además agregó: «No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos».
El proyecto amplía el catálogo de contravenciones para penalizar delitos cibernéticos, conductas de acoso y la ocupación irregular del espacio público. Entre las nuevas faltas contempladas se destacan el seguimiento o acecho a personas en la vía pública, la obtención engañosa de credenciales digitales, como claves o tokens, la venta de datos personales, el uso de dispositivos para interferir señales y la manipulación fraudulenta de los sistemas de cobro en el transporte público. También se tipifica y sanciona la organización masiva de la compraventa informal en la calle.
La iniciativa refuerza el alcance de las sanciones accesorias o complementarias en diversas áreas de la convivencia urbana. Estas penalizaciones adicionales se aplicarán principalmente en el marco de eventos masivos, como partidos de fútbol y recitales de música, así como en materia de seguridad vial, regulación de apuestas y normativas orientadas a la protección animal.
- Por ruidos molestos —como poner música a todo volumen en espacios comunes de edificios—, aumenta los días de tareas de utilidad pública (actualmente de 1 a 5, pasan de 3 a 15), las multas pasan de 100 unidades fijas (UF) (117.308) a 600 UF máximo (703.848) y se agrega la posibilidad de hasta 10 días de arresto. (Una UF equivale a $1.173,08).
- Por conducir alcoholizado, actualmente hay multas de 300 a 2.000 UF ($350.000 a $2.350.000) y 1 a 10 días de arresto, más inhabilitación de 4 meses a 2 años de la licencia. Esta sanción pasa a 1.000 a 6.000 UF (más de $7.000.000), contempla arresto de 5 a 30 días y se incrementa de 6 meses a 4 años la inhabilitación de la licencia.
- Por actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público (manteros), multas que pueden llegar hasta a 50.000 UF ($58.654.000. Actualmente, el monto máximo es menor a $15 millones).
- También se sancionará a quien suplante la identidad de agentes de autoridad en espacios públicos (falsificación de credenciales); financie contravenciones reiteradas o a agrupaciones contraventoras; sea portador o distribuidor de materiales aptos para disturbios (con multas de hasta $9.384.640 o de hasta 45 días de arresto y comiso de los elementos utilizados); y entorpezca los sistemas de videovigilancia pública (con multas de hasta $4.692.320 o 30 días de arresto, y como sanción accesoria obligatoria, la reparación del dispositivo).
El proyecto introduce cambios en el régimen de juzgamiento al suprimir la condena en suspenso y eliminar la posibilidad de suspensión del proceso a prueba (probation) para los adultos, manteniendo el plazo de prescripción de la acción en dos años. En paralelo, modifica el tratamiento a los reincidentes, que incluirá a quienes cometan faltas similares en el espacio público mediante la creación de un registro específico, prohibiéndoles el arresto domiciliario e incrementando las penas desde un 50% en la primera reincidencia hasta un 100% en la tercera, lo que elevaría a 90 días el arresto para los «trapitos».
En cuanto a los adolescentes de 14 a 17 años, la reforma establece su imputabilidad contravencional bajo un régimen penal diferenciado orientado a la responsabilidad y la educación, en consonancia con la legislación nacional. Este esquema prohíbe su detención, contempla el mantenimiento de la probation sujeta a continuidad escolar y reparación del daño, y reemplaza las penas tradicionales por medidas socioeducativas, tales como amonestaciones formales, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, capacitación laboral y tareas comunitarias adaptadas a su edad.
El paquete de modificaciones enviado por Jorge Macri requiere una mayoría absoluta de 31 votos para su aprobación en la Legislatura porteña, donde el oficialismo negociará los dictámenes con bloques aliados como el PRO, la UCR y La Libertad Avanza, frente al rechazo ya anticipado por sectores de la izquierda y el peronismo.
Desde la oposición y diversos organismos de derechos humanos se cuestiona la baja de la edad de imputabilidad contravencional a los 14 años y la tipificación de la protesta o la venta ambulante como contravenciones severas. Por su parte, en el ámbito judicial advierten que la eliminación de la probation y de la condena en suspenso para adultos provocará un incremento sustancial en el volumen de juicios orales ante los fueros Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, sobrecargando el sistema administrativo.