El juez George O’Toole Jr. concedió una moción para suspender la aplicación de sanciones económicas del DHS contra personas sujetas a órdenes de deportación o salida voluntaria. La medida regirá mientras avanza el litigio iniciado por el Immigrant Legal Resource Center.
El Tribunal del Distrito de Massachusetts, a través del juez George O’Toole Jr., concedió el 30 de septiembre una moción para suspender el mecanismo utilizado por el gobierno federal para imponer multas a inmigrantes sujetos a órdenes de deportación o de salida voluntaria. La decisión se produjo en el marco de una demanda presentada por el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) en nombre de Maria L. y Nancy M. contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia y otros funcionarios federales.
Según el fallo, la demanda sostiene que decenas de miles de personas fueron alcanzadas por sanciones que podían llegar a 1,8 millones de dólares por persona. El juez consideró que los demandantes demostraron los elementos necesarios para obtener una medida de protección preliminar y que correspondía suspender la aplicación de las nuevas reglas mientras avanza el litigio.
El cálculo que usó el DHS para calcular las multas a inmigrantes
El origen de las sanciones se encuentra en dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) que permiten imponer multas civiles bajo determinadas circunstancias:
- Una de ellas contempla sanciones cuando una persona autorizada a salir voluntariamente del país no lo hace dentro del plazo establecido.
- La otra prevé multas cuando alguien sujeto a una orden definitiva de deportación incumple deliberadamente determinadas obligaciones relacionadas con su salida.
La primera disposición, identificada como 8 U.S.C. § 1229c, establece una multa que originalmente podía ubicarse entre US$1000 y US$5000 para quien recibió autorización para salir voluntariamente y no lo hiciera. El propio fallo aclara que esos valores fueron posteriormente ajustados por inflación y que el rango actualmente utilizado es de US$1992 a US$9970.
La segunda disposición, 8 U.S.C. § 1324d, contempla una multa de hasta US$500 por cada día de incumplimiento cuando un inmigrante sujeto a una orden definitiva de deportación deliberadamente no abandona EE.UU., no realiza de buena fe los trámites necesarios, no se presenta para su expulsión o realiza acciones destinadas a impedir su salida. El valor ajustado por inflación mencionado en el fallo asciende a US$998 por día.
El juez ordenó frenar el mecanismo de aplicación de las multas
El tribunal concedió la Motion to Stay, es decir, la solicitud para suspender la actuación administrativa cuestionada. La resolución concluyó que los demandantes demostraron una probabilidad suficiente de éxito en sus argumentos, además de acreditar un perjuicio que podría ser irreparable.
Los puntos principales de la decisión son:
- El tribunal determinó que los demandantes tienen legitimación suficiente para cuestionar la política de multas.
- El juez consideró que existe una probabilidad de que la política aplicada por el gobierno contradiga las disposiciones legales que regulan las sanciones.
- La resolución cuestionó que las autoridades determinaran las multas sin evaluar individualmente si la conducta había sido realmente voluntaria o deliberada.
- El tribunal concluyó que existen argumentos sólidos para considerar ilegal la implementación de la nueva regulación sin el procedimiento de aviso y recepción de comentarios exigido por la legislación administrativa.
- El juez consideró que las multas, por sus montos y consecuencias, podían provocar un perjuicio irreparable a las personas afectadas.
- La orden judicial deja en suspenso el mecanismo introducido por la nueva regulación mientras continúa el proceso.
Los esfuerzos del gobierno de Trump por aplicar multas a migrantes desde 2025
De acuerdo con el fallo, estas disposiciones permanecieron prácticamente sin aplicación significativa durante años. La situación comenzó a cambiar durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando una orden ejecutiva de enero de 2017 instruyó al DHS a avanzar con la evaluación y el cobro contra personas que permanecieran ilegalmente en el país norteamericano.
El ICE comenzó entonces a imponer sanciones bajo las disposiciones relevantes. Sin embargo, el volumen de aplicación durante ese primer período fue limitado.
La demanda citada por el tribunal sostiene que, al terminar aquella administración, la agencia conservaba 26 casos activos y que el total efectivamente cobrado a partir de las facturas emitidas había sido de apenas US$4215.
El escenario volvió a cambiar el 20 de enero de 2025, cuando Trump comenzó su segundo mandato y emitió otra orden ejecutiva que instruyó al DHS a tomar las medidas necesarias para garantizar la evaluación y el cobro de las multas que la legislación autorizaba imponer a inmigrantes presentes ilegalmente en EE.UU.
Según el fallo, el ICE retomó entonces la imposición de sanciones y, para junio de 2025, había iniciado casi 10.000 notificaciones de intención de multar por incumplimiento de la obligación de abandonar Estados Unidos.
En junio de 2025, el Departamento de Justicia y el DHS aprobaron conjuntamente una nueva regulación denominada “Imposición y cobro de sanciones civiles por determinadas infracciones relacionadas con la inmigración”.
El nuevo sistema buscaba permitir que el DHS impusiera una mayor cantidad de multas, con mayor rapidez y a una escala acorde con el volumen de personas alcanzadas por las normas migratorias.