El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, declaró reservadas las actuaciones de un amparo iniciado para obtener información pública sobre la intervención federal del puerto de Ushuaia. Fopea cuestionó la decisión y pidió revisarla.
El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, declaró reservadas las actuaciones de un amparo iniciado para obtener información pública sobre la intervención federal del puerto de Ushuaia. La medida alcanza a un expediente cuyo objeto es garantizar el acceso a información que el Estado no proporcionó.
El amparo fue promovido luego de requerir datos sobre designaciones, remuneraciones, contrataciones y movimientos de fondos de la intervención ejercida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la administración del puerto de Ushuaia. Durante el trámite, el organismo entregó parte de la documentación al juzgado, pero pidió mantenerla bajo reserva, alegando la existencia de datos personales. El juez aceptó el planteo y el expediente dejó de estar disponible para la consulta pública.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su preocupación y sostuvo que la decisión desatiende los estándares vigentes en materia de acceso a la información. Recordó, además, que la remuneración de funcionarios públicos no constituye un dato sensible y señaló que, ante información específicamente protegida, corresponde evaluar su separación o reserva parcial antes que cerrar un expediente completo.
La intervención está a cargo de la Anpyn, mientras que la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.) participa de tareas administrativas y del manejo de fondos. La disolución y posterior liquidación de AGP S.A.U. fue dispuesta por el actual gobierno mediante el decreto 3/2025.
Durante 2026, la AGP continuó convocando licitaciones relacionadas con el puerto de Ushuaia, algunas por cientos de millones de pesos y otras por varios millones de dólares. Esa circunstancia no permite prejuzgar sobre la legalidad de las contrataciones, según el texto original.
Fopea pidió revisar la decisión. El punto en discusión es qué grado de transparencia deben garantizar las instituciones cuando se pregunta por el destino del dinero público.