El Ejecutivo argentino avanzará con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar una medida cautelar que suspenda las operaciones de petroleras en la Cuenca Norte, en el marco del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El Gobierno argentino presentará esta semana una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, con el objetivo de activar una medida cautelar que suspenda la operación de petroleras con proyectos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Norte. La presentación estará a cargo de abogados de la Procuración del Tesoro y contará con la participación de la Consejería Legal de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzabal.
En el Ejecutivo justificaron la elección de este tribunal en que «es un órgano independiente de la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)». Este lunes, en el Palacio San Martín no se dieron fechas sobre la activación del trámite, pero en Casa Rosada indicaron que se concretaría esta semana.
Las especulaciones sobre la urgencia del trámite surgieron porque este lunes venció el plazo que el gobierno argentino había dado a Gran Bretaña para adoptar medidas que impidieran el inicio o la continuación de actividades de explotación de recursos hidrocarburíferos en la «Plataforma Continental Argentina», en referencia al proyecto Sea Lion, llevado adelante por las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí). Sin embargo, una fuente oficial consultada afirmó que «no venció ningún plazo» formal para peticionar ante el tribunal, aunque la advertencia había sido realizada en un comunicado de la Oficina de Presidencia.
«Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un organismo independiente de las Naciones Unidas… Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal», había declarado días atrás el canciller Pablo Quirno al canal A24. Este lunes, Quirno no respondió a la consulta de este medio.
El tribunal de Hamburgo está compuesto por 21 magistrados, entre ellos una jueza argentina, Frida Armas, actual vicepresidenta, quien trabajó en Cancillería. Fuentes consultadas sugirieron que debería excusarse. Su opinión habría sido fundamental en su momento para decidir la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, más allá de las 200 millas.
En el Ejecutivo esperan una medida cautelar que detenga la explotación hidrocarburífera en aguas cuya soberanía Argentina reclama desde 1843. Fuentes consultadas recordaron que «los ingleses nunca aceptaron tribunales arbitrales» para dirimir conflictos con otros países. El documento también podría incluir otras demandas, aunque el tribunal no puede definir cuestiones de soberanía. Sí podría evaluar si una de las naciones en disputa puede explotar unilateralmente recursos no renovables en una zona litigiosa. El petróleo se encuentra en la plataforma continental, un espacio marítimo regido por la CONVEMAR.
El gobierno británico viene cuestionando la avanzada argentina contra las petroleras que operan en el archipiélago. La cotización bursátil de las firmas sufrió una baja tras el anuncio de sanciones por parte del gobierno de Milei, y han pedido asistencia a la cancillería británica y a la Asamblea Legislativa del archipiélago.
Las petroleras continúan con sus operaciones. La firma Rockhopper anunció el último miércoles que firmó un acuerdo para comprar por 44 millones de dólares el segundo barco petrolero que operará mar adentro, a unos 200 kilómetros de la costa insular. La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO, por sus siglas en inglés) OSX-1 será destinada a acelerar el desarrollo del área central en Sea Lion.