Juan Cerén, salvadoreño de 69 años con Estatus de Protección Temporal, recibió una notificación de la Administración del Seguro Social que cancela sus pagos de jubilación y le reclama el reembolso del depósito de octubre. Un abogado de inmigración sostiene que la medida contradice la extensión automática prevista en la ley.
Un salvadoreño de 69 años beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y su familia denunciaron la suspensión de sus cheques de jubilación por parte de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). La medida se basa en la finalización del permiso, lo que obligó a reclamar el reintegro del pago mensual ya depositado.
El caso de Juan Cerén
Juan Cerén, un salvadoreño de 69 años que reside en EE.UU. desde 1990, recibió una notificación de suspensión de sus prestaciones de jubilación en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del TPS para El Salvador. El hombre cuenta con comprobantes de pago de impuestos en regla, permisos de trabajo e historial de renovación del beneficio migratorio.
Tras años de aportes al sistema, Cerén recibió una notificación oficial en la que el Seguro Social le informaba sobre la cancelación de su pensión de retiro. Adicionalmente, la agencia federal le reclama el reembolso del pago depositado para el mes de octubre, según relató en diálogo con Univision N+.
“Nos sentimos abrumados porque nos llega esta carta donde nos dicen que no tengo más beneficio de mi jubilación”, declaró Cerén. Su esposa, Marta Olivas de Cerén, agregó: “Nos cayó como un balde de agua helada abrir esas cartas del Seguro Social donde le comunican a mi esposo que en realidad ya están cortados sus beneficios”.
En la carta, la SSA escribió: “Basado en la información que tenemos, no podemos pagarle beneficios comenzando septiembre de 2026. No podemos pagarle beneficios a usted debido a que no está presente legalmente en Estados Unidos”.
Para su núcleo familiar, la pérdida de este ingreso básico representa un impacto económico que lo fuerza a retornar al mercado laboral en momentos en que le correspondía jubilarse.
La extensión del TPS y la contradicción legal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 10 de enero de 2025 una extensión de 18 meses del TPS para El Salvador, que comenzó el 10 de marzo de ese año y tenía como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026.
Ante esta problemática, el abogado de inmigración Alex Gálvez señaló que la cancelación de las pensiones contraviene los lineamientos oficiales publicados en los portales del gobierno federal.
“Es una violación y una contradicción a lo que el gobierno publicó en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El amparo y el permiso de trabajo se extienden. No pueden extender el permiso de trabajo y no extender el Seguro Social”, sostuvo.
Según explicó el especialista, la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla una extensión de seis meses cuando no se determina la terminación de la designación del TPS conforme al procedimiento previsto. La situación de los permisos de trabajo debe analizarse según las disposiciones oficiales aplicables.
De acuerdo con la interpretación del abogado, la extensión automática prevista por la legislación permitiría mantener la protección hasta el 9 de marzo de 2027, mientras no se adopte una nueva decisión sobre la designación.
Qué dice la SSA sobre la cancelación de las pensiones a personas con TPS
En su sitio web oficial, la SSA señala que la sección 202(y) de la Ley del Seguro Social establece restricciones al pago de prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en los que no se encuentren legalmente presentes en el país norteamericano.
Para tomar esta determinación, la agencia remarca que es necesario analizar la vigencia de la protección migratoria, las condiciones de presencia legal y el motivo específico de cualquier decisión administrativa.
Asimismo, contempla procedimientos de revisión cuando una persona considera que sus prestaciones fueron suspendidas incorrectamente. En el caso de Cerén, se aplica el principio explicado por Gálvez, contenido en la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que implica la extensión automática al no ajustarse a los plazos.
Frente a las afectaciones reportadas, los expertos aconsejaron a los beneficiarios impactados contactar a sus representantes en el Congreso y el Senado, así como explorar la presentación de demandas ante la corte federal.