En los comicios para representantes de los abogados y abogadas en el Consejo de la Magistratura de la Nación, la lista ‘Unidad en Defensa de la Abogacía’ obtuvo un consejero, al igual que ‘Abogacía Unida y Dignidad Profesional’ y ‘Abogacía Federal’. La participación de la abogacía en el organismo se remonta a la reforma constitucional de 1994.
Las elecciones para representantes de los abogados y abogadas en el Consejo de la Magistratura de la Nación se realizaron con la participación de tres listas. Según los resultados, la lista ‘Unidad en Defensa de la Abogacía’ triunfó y obtuvo un consejero. Asimismo, ‘Abogacía Unida y Dignidad Profesional’ y ‘Abogacía Federal’ obtuvieron un consejero cada una.
La reforma constitucional de 1994 incorporó a los abogados y abogadas como integrantes del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar a los jueces, sancionar faltas disciplinarias, promover destituciones y asegurar la prestación de los servicios de justicia.
El estamento de la abogacía tiene una particular relevancia dentro del Consejo. A diferencia de otros estamentos, no representa los intereses de la política partidaria ni ampara privilegios de los jueces. Los abogados y abogadas, como parte del sistema de justicia, conocen sus virtudes y falencias.
En un contexto de deterioro institucional y creciente desconfianza en la justicia, la abogacía puede contribuir a restaurar el vínculo entre la justicia y la sociedad. Para ello, la lista ‘Unidad en Defensa de la Abogacía’ propone que la selección de aspirantes a magistrados se base en el mérito y no en la discrecionalidad de negociaciones políticas. También plantea la sanción de un Código de Ética Judicial y la implementación de estadísticas confiables para terminar con la opacidad en el funcionamiento de la justicia.
Los representantes de la abogacía contarán con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y fuerzas políticas con conciencia republicana, según se indicó. La lista Unidad caracteriza un modelo de gestión colegial basado en el diálogo y la búsqueda de consensos, con dos objetivos: defender a la abogacía y la justicia que la República se merece.