La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Discapacidad con más de dos tercios de los votos, tras una jornada de negociaciones en la que el oficialismo aceptó modificaciones. El texto mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por IPC y la pensión no contributiva, y especifica su financiamiento.
La Cámara de Diputados aprobó este martes el nuevo proyecto de ley de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. La votación se realizó tras una jornada de negociaciones en la que el oficialismo aceptó incorporar cambios al texto original.
El rechazo fue encabezado por ocho diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, en línea con el pedido de organizaciones de su provincia que solicitaron no ser excluidas del debate. También votó en contra la ex libertaria mendocina Lourdes Arrieta. Las abstenciones provinieron de la Izquierda.
Durante la tarde, la legisladora libertaria Laura Rodríguez Machado, quien coordinó la discusión en comisiones, mantuvo reuniones con legisladores de bancadas federales y de Unión por la Patria para definir los últimos ajustes que permitieron alcanzar el consenso. Según aseguraron desde el oficialismo, el texto final cuenta con el visto bueno de la Casa Rosada.
En el recinto, Machado agradeció «a la mesa política por el apoyo e independencia» que da a su bloque y afirmó: «La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal».
El diputado misionero y jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, quien es hipoacúsico, ofició de mediador y enumeró al inicio del debate cada uno de los cambios solicitados. El libertario Gerardo Huesen, presidente de la comisión de Discapacidad, confirmó: «Vamos a aceptar todas las modificaciones», lo que generó aplausos en el recinto.
Posteriormente, el peronista Juan Marino confirmó el acompañamiento de Unión por la Patria: «Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones». Además, advirtió al Ejecutivo que «para que se supere la emergencia, Milei tiene que cumplir la ley».
La oposición había impulsado el tema en la agenda parlamentaria con un proyecto encabezado por Marino para extender la emergencia en discapacidad, que vence en diciembre, por un año más. Ante esta movida, La Libertad Avanza propuso un proyecto «superador» que elimina el concepto de emergencia pero mantiene los puntos centrales de la ley: el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la pensión no contributiva, junto con la posibilidad de obtenerla a la par de un trabajo registrado.
Este cambio implicó una modificación respecto del ajuste al área de Discapacidad planteado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027, que impedía que quienes tengan un trabajo registrado cobren una pensión y eliminaba el sistema de aranceles universales para las prestaciones.
Ante la desconfianza sobre las intenciones del Gobierno, los aliados condicionaron su apoyo a que se especificara en el proyecto la fuente de financiamiento. Antes de la votación se anunció la incorporación de las partidas para financiarlo, estimadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso en $598.912 millones para 2027.
También se modificó la delegación que se otorgaba al Ejecutivo para estipular los requisitos de acceso a una pensión por discapacidad, que quedaron especificados en la ley. Entre ellos, no percibir ingresos económicos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, se garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud para quienes cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad (actual Incluir Salud) y se fijan plazos para pagar las deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total dentro de los 90 días corridos.
Tras la aprobación, el oficialismo sostuvo que impuso su proyecto, mientras que la oposición afirmó que obligó al oficialismo a modificar su dictamen. Un diputado opositor que participó de las negociaciones señaló: «Hay una tensión entre Luis Caputo y Martín Menem, pero si Menem se paró en esta vereda es porque Karina está de acuerdo. La visita del Papa León XIV y su visita al cottolengo Don Orione es clave».