La arquidiócesis católica de Nueva York ultima un pacto para pagar más de 800 millones de dólares a unas 1.300 personas que denunciaron abusos sexuales, según informó The New York Times.
La arquidiócesis católica de Nueva York ultima un acuerdo para pagar más de 800 millones de dólares a unas 1.300 personas que denunciaron abusos sexuales cometidos por miembros del clero y responsables laicos, informó este sábado The New York Times.
Los abogados de los demandantes comunicaron el viernes a sus clientes que todos los denunciantes habían aceptado una propuesta revisada, según el periódico.
Sin embargo, el portavoz de la arquidiócesis, Joseph Zwilling, señaló esa noche que las partes todavía trabajaban para cerrar el pacto.
«Aún no hemos llegado a ese punto», declaró Zwilling al diario, mientras la abogada Trusha Goffe, del despacho Jeff Anderson & Associates, aseguró en un correo citado por el Times que todos los sobrevivientes habían aceptado las nuevas condiciones.
Según el periódico, los demandantes podrían optar por un pago único de al menos 250.000 dólares o por una indemnización mayor, determinada tras evaluar los abusos denunciados en cada caso.
Los abogados advirtieron a sus clientes que, sin un acuerdo, la arquidiócesis probablemente se declararía en bancarrota, lo que podría reducir las indemnizaciones y prolongar los litigios, añadió el Times.
El marco inicial del pacto había sido anunciado el 1 de mayo por Jeff Anderson & Associates.
En aquel comunicado, el despacho explicó que la propuesta contemplaba aportar 800 millones de dólares a un fondo para unos 1.300 sobrevivientes que presentaron demandas al amparo de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York.
La propuesta de mayo preveía un primer desembolso de unos 615 millones y otro de 185 millones en aproximadamente quince meses, además de permitir a los demandantes buscar compensaciones adicionales por parte de las aseguradoras.
También exigía mantener actualizada una lista pública de clérigos con acusaciones creíbles de abuso y entregar a la Universidad de Iona documentación relacionada con esas denuncias, según el despacho.
Por su parte, el arzobispo Ronald Hicks reconoció entonces, en un mensaje publicado el mismo día, que la institución había vendido la mayoría de sus propiedades inmobiliarias y reducido personal y otros gastos para reunir recursos destinados a indemnizar a las víctimas.
Hicks explicó entonces que las negociaciones contaban con la mediación del juez Daniel J. Buckley y que cualquier acuerdo global requería la participación de todos los afectados antes de comenzar los pagos.
El arzobispo sostuvo que el objetivo era ofrecer compensaciones sin someter a los sobrevivientes a litigios prolongados y dolorosos ni recurrir a un procedimiento de bancarrota de la arquidiócesis.