La medida cautelar, emitida el 21 de octubre de 2026 por la jueza Araceli Martínez-Olguín, alcanza al DHS, ICE, USCIS y CBP y responde a una demanda presentada por organizaciones y gobiernos locales. La orden prohíbe los operativos de verificación electoral en nueve estados mientras continúa el proceso judicial.
Una jueza federal de California ordenó detener las visitas a viviendas realizadas por agencias del gobierno de Donald Trump para interrogar a personas identificadas como posibles votantes no ciudadanos. La medida llega antes de las elecciones de mitad de mandato y responde a una demanda presentada por organizaciones y gobiernos locales.
La orden cautelar fue emitida el 21 de octubre de 2026 por la jueza Araceli Martínez-Olguín, según informó N+ Univision, que tuvo acceso al documento judicial. La resolución alcanza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a las dependencias demandadas: ICE, USCIS y CBP.
Qué prohibió la jueza a las agencias federales
La decisión impide que las autoridades continúen enviando agentes a domicilios para hacer preguntas sobre la condición de los votantes en el marco de la iniciativa cuestionada. Su alcance corresponde a esos operativos de verificación electoral y no constituye una prohibición general de cualquier actuación de las agencias.
El tribunal consideró que esas tácticas vulneraban la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto de 1965. La normativa protege contra amenazas, intimidación o coacción a quienes votan, intentan hacerlo o ayudan a otras personas a participar.
La orden tiene cumplimiento inmediato. Al tratarse de una medida cautelar, establece una protección mientras continúa el proceso judicial.
El caso comenzó el 18 de septiembre de 2026, con una demanda presentada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, La Fundación Voto Latino, la Ciudad y Condado de San Francisco y el Condado de Santa Clara.
La audiencia que precedió a la resolución se celebró el 19 de octubre.
Por qué quedaron bajo cuestionamiento las listas de posibles votantes no ciudadanos
Uno de los puntos centrales del caso es el procedimiento utilizado para identificar a personas presuntamente no elegibles para votar.
Las agencias elaboraron listas mediante más de 98 millones de registros comerciales de publicidad, archivos antiguos e inteligencia artificial, a través del programa iLab.
Una directiva del 31 de agosto estableció un límite de doce minutos por expediente para que funcionarios de USCIS revisaran y descartaran nombres. Ese proceso incluyó erróneamente a miles de ciudadanos estadounidenses, especialmente personas naturalizadas e hispanos.
Figurar en esas listas no demostraba, por sí solo, que una persona careciera de ciudadanía o hubiera votado indebidamente.
En qué estados se realizaron los operativos cuestionados
Las inspecciones de campo alcanzaron a nueve estados:
- California.
- Connecticut.
- Georgia.
- Misuri.
- Nevada.
- Nueva York.
- Pensilvania.
- Washington.
- Wisconsin.
Entre los operativos, se destacó la vigilancia e infiltración de más de 148 iglesias, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que brindaban orientación electoral.
La resolución supone una protección para los hogares con estatus migratorio mixto y para quienes colaboran en tareas de registro e información sobre el voto. En esas familias pueden convivir ciudadanos estadounidenses con personas que tienen otras situaciones migratorias.
Si bien se espera una apelación del Departamento de Justicia, la obligación inmediata para las agencias demandadas es detener las visitas domiciliarias comprendidas en la medida.