El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 16. El oficialismo no tiene aseguradas las firmas para emitir dictamen y persisten diferencias con los bloques dialoguistas.
La Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, convocado para las 16. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, incluye sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y reformas en materia de defensa, seguridad e inteligencia.
Hasta el momento, el oficialismo no tiene garantizadas las firmas para emitir dictamen. La discusión se había postergado luego de que La Libertad Avanza no consiguiera cerrar un acuerdo con sus aliados. En las negociaciones, el oficialismo aceptó delimitar las empresas que pueden recibir sanciones y la redacción vinculada con las campañas de desprestigio y desinformación para delimitar mejor las conductas alcanzadas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encabezado por el Presidente que tendría a su cargo la coordinación estratégica de distintas áreas del Estado, entre ellas defensa, inteligencia, seguridad y política exterior. También hay reparos sobre las atribuciones previstas para responder ante amenazas consideradas graves, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles, y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos vinculados con la seguridad interior.
Otro de los puntos discutidos es el artículo 111, referido a las campañas de desinformación y a las acciones destinadas a alterar procesos electorales o afectar el orden público. Los cuestionamientos se concentran en la precisión de las figuras penales y en los posibles efectos sobre la libertad de expresión.
El proyecto del Poder Ejecutivo busca endurecer las sanciones contra las personas y empresas que participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La propuesta amplía las restricciones vigentes, incorpora nuevas consecuencias penales y prevé un registro público de infractores. Además, establece nuevas herramientas de coordinación estatal ante amenazas externas, incorpora disposiciones sobre inteligencia y financiamiento extranjero de actividades políticas, y modifica aspectos vinculados con la protección de infraestructuras críticas.
El plenario contará con la participación de invitados que expondrán sobre el proyecto.