El senador brasileño no presentó los documentos ante la Policía Federal en el plazo fijado por el juez Alexandre de Moraes. Diputados del PT solicitaron su detención y la inclusión de su nombre en la notificación roja de Interpol.
La defensa del senador brasileño Flávio Bolsonaro analiza la posibilidad de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordene su prisión preventiva, luego de que venciera el plazo para entregar sus pasaportes a la Policía Federal sin que cumpliera con la disposición judicial.
El plazo fijado por Moraes venció el martes a las 11, sin que el senador presentara los documentos. Según relataron fuentes al medio O Globo, la defensa había coordinado con Flávio la entrega de sus pasaportes durante la mañana de ese día, pero el procedimiento no se concretó.
El equipo jurídico había hablado con Flávio el lunes, después de que agentes de la Policía Federal lo notificaran sobre la decisión judicial cuando salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. Tras recibir la notificación, el senador se dirigió al estudio jurídico para analizar con sus abogados los pasos a seguir.
Durante la mañana del martes, los letrados intentaron contactarlo por mensaje y no obtuvieron respuesta. La falta de comunicación sorprendió a los abogados, que esperaban recibir los documentos para cumplir con la orden judicial.
Ante ese escenario, la defensa comenzó a analizar las consecuencias del incumplimiento y las alternativas legales frente a una eventual decisión más severa. Uno de los abogados sostuvo a O Globo que, a partir de ahora, el trabajo para defender al senador en las investigaciones que tramitan en el STF será «mucho más difícil».
Los diputados Lindbergh Farias (PT-RJ) y Rogério Correia (PT-MG), junto con la diputada electa Ana Elisa (PT-MG), presentaron ante el STF un pedido de prisión preventiva contra el senador. También solicitaron que, en caso de que se ordene su detención, su nombre sea incorporado a la notificación roja de Interpol, un mecanismo de cooperación internacional para localizar a personas buscadas por la Justicia.
El senador está bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas con la producción de la película Dark Horse, sobre la vida de su padre, y por sus vínculos con el abogado y empresario del sector de las apuestas Willer Tomaz, sospechoso de estar relacionado con el escándalo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). La prohibición de salir de Brasil fue dictada en esta segunda investigación, que tramita bajo secreto de sumario.
La retención del pasaporte es una medida cautelar prevista en el Código de Proceso Penal brasileño. Puede aplicarse cuando existen circunstancias que indican un riesgo de fuga del país. Entre los indicios que pueden respaldar una decisión de ese tipo figuran la compra de pasajes, los preparativos para un viaje, los antecedentes de fuga y las declaraciones públicas sobre la intención de viajar al exterior.
La cancelación del pasaporte, en cambio, no figura entre las medidas cautelares previstas en la legislación, según el texto. Se trata de una medida más grave que la incautación: mientras que en esta última el documento queda retenido, pero conserva su validez, la cancelación afecta su vigencia.
En una entrevista con el podcast estadounidense CrowderBits, Eduardo Bolsonaro había anticipado su postura sobre una eventual derrota electoral de su hermano. «Si mi hermano no gana, definitivamente estoy a favor de que se vaya del país», afirmó el exdiputado.
El medio Folha de S.Paulo coincidió en que la salida del senador de Brasil justifica un pedido de prisión preventiva bajo la legislación brasileña. No obstante, también advirtió que la falta de intervención del Ministerio Público en una decisión de ese tipo podría generar cuestionamientos jurídicos.
Según las declaraciones que brindó el profesor de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo (USP) al medio brasileño, Flávio Bolsonaro violó la misma prohibición que había motivado la orden de incautación de su pasaporte: salir del país. El especialista también sostuvo que una orden de prisión preventiva puede dar lugar a un pedido de extradición, incluso antes de que exista una condena definitiva.