Docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires se movilizaron desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Justicia, donde montaron una clase abierta y reclamaron la aplicación de la ley de financiamiento universitario.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes una marcha de velas desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales para reclamar por el financiamiento universitario. La movilización, convocada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Asociación de Docentes y del Personal de la UBA (Aduba y Apuba) y distintos centros de estudiantes, se desarrolló de manera pacífica.
La columna partió pasadas las 17 desde la plaza ubicada en la intersección de las avenidas Córdoba y Uriburu, rodeada por las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia. Cerca de las 18, los manifestantes comenzaron a caminar por la avenida Paraguay hacia Plaza Lavalle. En el trayecto, se detuvieron frente al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde entonaron el himno nacional argentino. Una bandera negra con la leyenda «Defendamos la UBA» encabezó la columna.
Al llegar frente a Tribunales, montaron una clase abierta con un pizarrón y bancos. Pasadas las 19, los participantes comenzaron a encender velas que colocaron en la valla de seguridad del Palacio de Justicia. Antes de las 20.30, el personal de seguridad de la Corte Suprema apagó y retiró las velas.
Durante la movilización, docentes y no docentes expresaron su situación salarial. Gabriela Espinoza, docente de la Facultad de Medicina desde hace 28 años, declaró: «Yo soy docente y no docente y, como todos, hago pluriempleo. Pero tengo compañeras que solo son no docentes y realmente no llegan a fin de mes. Yo tengo varios ingresos, voy sumando, tampoco me sobra, pero hay gente que está en peores condiciones».
Natalia, no docente con 12 años en el rectorado, sostuvo: «Estamos mal, estamos muy mal. Cobramos muy poco y cada vez estamos peor. La única forma de conseguir algo es movilizarnos, pero no estamos consiguiendo nada. No hay respuestas». Carolina Bilinskis, también no docente, agregó: «Estamos agotados, desgastados. Hay mucho cansancio. Cobramos muy mal. No se llega».
Frente a Tribunales, Pablo Luis Manili, abogado constitucionalista que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), afirmó: «Por primera vez en la historia argentina un presidente se dio el lujo de dictar un decreto diciendo que no iba a cumplir una ley. Esto es una atrocidad». Además, refutó versiones sobre la falta de auditorías: «Infectan las redes con trolls diciendo que las universidades no se auditan. Eso es falso. Las universidades tienen auditorías internas y están auditadas por la Auditoría General de la Nación».
La ley de financiamiento universitario, votada por el Congreso el año pasado, prevé la recomposición de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios de su personal, además de medidas para actualizar las becas. Para cumplirla, según estimaciones de los rectores, sería necesaria una actualización del 33%.
El Gobierno promulgó la norma en octubre de 2025 mediante el decreto 759, que supeditó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. El CIN y las universidades acudieron a la Justicia. En diciembre, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para que se aplicaran los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. La Cámara Federal confirmó la medida y, tras un recurso del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema la dejó firme. Posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional el decreto y ordenó aplicar la ley de inmediato. El juez Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un «mecanismo extraconstitucional» y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.
El Gobierno insiste en que esa ley incumple la ley de administración financiera, dado que el artículo cinco de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una norma no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto. El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno estima destinar alrededor de $7,3 billones al financiamiento universitario, mientras que los rectores habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, casi un 50% más.
Entre los presentes estuvieron el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci; el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho; Lucille Levy, que encabezó la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad en el espacio de Martín Lousteau; y Ricardo Alfonsín.