El exsenador Antonio Barrios, nuevo vicepresidente de la República, declaró que recibió un informe anónimo sobre la situación patrimonial del Ueno Bank, que derivó en un pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP). La entidad fue intervenida, sus directivos detenidos y el presidente Santiago Peña destituido por juicio político.
El exsenador Antonio Barrios, nuevo vicepresidente de la República, declaró que fue él quien recibió un informe anónimo que advertía sobre la grave situación patrimonial del Ueno Bank. Según Barrios, ese documento fue el punto de partida del pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) que presentó junto a otros dos senadores del Partido Colorado.
El documento, conocido como “Informe Rivarola”, fue redactado a mediados de este año por Fernando Rivarola, gerente de Supervisión del BCP. En él se advertía sobre descalces patrimoniales en el Ueno Bank, operaciones de crédito de alto riesgo y sobregiros sin garantías otorgados a empresas del mismo grupo corporativo. El informe indicaba que la entidad no tenía solvencia.
El martes, los senadores enviaron ese informe al BCP. El organismo, que según el relato había ocultado el documento y desplazado a Rivarola de su cargo, anunció la intervención de Ueno Bank. El índice de solvencia de la entidad privada había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
Ese mismo día, cerca de tres millones de clientes del Ueno perdieron el acceso a sus cuentas y comenzaron protestas frente a la entidad. El banco tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes. También manejaba fondos del Instituto de Previsión Social y del Ministerio de Economía y Finanzas.
El miércoles, la Fiscalía ordenó la detención de los ocho máximos directivos del banco. En paralelo, el presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del organismo regulador.
Con los depósitos inmovilizados, Peña promulgó una ley para devolver la mayor parte del dinero de los ahorristas en una semana. Ese mismo miércoles, 35 diputados, entre opositores y disidentes del oficialismo, presentaron una acusación para someter a juicio político al mandatario y al vicepresidente Pedro Alliana. A Peña le atribuyeron un conflicto de intereses y lo acusaron de favorecer al banco con decisiones regulatorias y depósitos de fondos previsionales.
El jueves, el presidente renunció en medio del escándalo y las manifestaciones. Peña, que asumió en 2023 con mandato hasta 2028, fue accionista hasta marzo del año pasado del Grupo Vázquez, que controla Ueno Bank.
El viernes, el Congreso rechazó la renuncia de Peña y le inició un juicio político que terminó con su destitución. Ayer, la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio y solicitó su prisión preventiva.