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El abogado de inmigración Haim Vásquez afirmó que modificar la aplicación de los convenios 287(g) requiere medidas legales concretas. La ley federal no obliga a los estados a firmarlos, pero algunas legislaciones estatales sí imponen obligaciones.
Los convenios 287(g) y la cooperación de las policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) requieren decisiones concretas para cambiar su aplicación en Estados Unidos. Así lo afirmó el abogado de inmigración Haim Vásquez en una entrevista con N+ Univision el 10 de noviembre. La declaración se produjo después de que el presidente Donald Trump reconociera que su política migratoria «fue demasiado dura», al ser consultado por su plan de deportación masiva en el programa 60 Minutes, de CBS.
Qué permite la ley 287(g) y cuándo es obligatoria la colaboración con ICE
El acuerdo 287(g) corresponde a una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Según explica el ICE, permite celebrar acuerdos escritos para que agentes estatales y locales capacitados ejerzan determinadas funciones migratorias bajo supervisión federal. El alcance depende del convenio firmado y del modelo de participación.
Vásquez explicó a N+ Univision que el mecanismo articula el trabajo del ICE con las fuerzas de seguridad locales. Sobre su obligatoriedad, el texto federal establece expresamente, en el apartado 287(g)(9), que esa disposición carece de un mandato que obligue a los estados o sus subdivisiones a suscribir acuerdos.
Sin embargo, las legislaciones estatales pueden imponer obligaciones adicionales. La propia agencia federal reconoce que algunos estados aprobaron normas para exigir que sus fuerzas soliciten o celebren estos convenios, por lo que la situación de cada jurisdicción requiere revisar ambos niveles legales.
Qué exige Texas a los sheriffs que administran cárceles
En Texas, la SB 8 incorporó al Código de Gobierno obligaciones vigentes desde el 1° de enero de 2026. La sección 753.051 exige que los sheriffs de condados que operan cárceles, o contratan instalaciones privadas, soliciten y celebren acuerdos para ejercer funciones de aplicación de la legislación migratoria federal.
El texto contiene una precisión relevante para entender sus efectos: si un sheriff solicita el convenio y este no se concreta, debe volver a pedirlo al menos una vez al año. Además, debe presentar anualmente al fiscal general pruebas de sus intentos de incorporarse al mecanismo.
La legislación también prevé subvenciones de entre US$80.000 y US$140.000, según la población del condado, para cubrir gastos de participación. Entre los usos autorizados figuran personal, equipos, capacitación y determinados costos de detención; ese financiamiento estatal constituye otro componente de la cooperación con el ICE.
Pasos a seguir para modificar la cooperación migratoria
En diálogo con Univision, Vásquez planteó que una eventual variación en las prioridades de fiscalización podría influir en la relación entre autoridades estatales y gobiernos locales. Presentó esa posibilidad como una expectativa y sostuvo que las consultas recibidas por su despacho sobre detenciones y procedimientos continuaban sin cambios.
«Yo creo que ahora mismo no es el momento de bajar la guardia», afirmó a N+ Univision. También advirtió que un cambio en el tono de las declaraciones del presidente Donald Trump requiere de instrucciones precisas para traducirse en un cambio en la aplicación de la legislación migratoria.
Para las familias migrantes, existe otra distinción: el apartado 287(g)(10) establece que ciertas comunicaciones y formas de cooperación con las autoridades federales pueden realizarse sin un convenio de delegación. Por eso, la ausencia de un acuerdo firmado tampoco permite concluir que una policía carezca de contacto con el ICE.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.