El gobierno de Javier Milei eliminó el trámite Registro Única de Transporte Automotor(RUTA), una certificación adicional que debían cumplir los transportistas de carga para poder circular de forma legal y que estaba vigente desde 2003. La decisión fue tomada y oficializada por el Ministerio de Economía.
La medida quedó plasmada a través del decreto 1109/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, donde se explican los motivos.
Entre éstos, figura que los propietarios debían realizar este trámite aun cuando los vehículos tuvieran sus revisiones técnicas al día, los seguros correspondientes y cumplieran con la normativa del código de tránsito.
En septiembre de este año, el Gobierno ya había avanzado con la desregulación en el transporte de cargas, cuando se determinó la eliminación de la versión física del RUTA y establecieron que el trámite pasaría a ser digital y gratuito.
Además, el registro era obligatorio para todo transporte con más de 700 kilos de carga, con lo cual un productor no podía mover su propia carga en un vehículo propio sin realizarlo. Ahora, ese peso base se elevó a 3500 kilos.
La resolución del Gobierno
“El decreto firmado por el presidente Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo termina con uno de los trámites más absurdos que sufrió nuestra carga automotor”, destacó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“En 2023 fueron 150.000 inútiles trámites, que costaron 500 millones de pesos y que podía demorar un vehículo hasta 70 días”, dijo el ministro y marcó: “Hoy gracias a la Ley Bases podemos modificar la Ley 24.653 y directamente eliminarlo. Nadie va a extrañar este trámite cuya eliminación le recupera días a la industria y a la producción”.
“Una nota de color sobre el RUTA”, agregó y detalló: “Para evitarlo, las empresas de camionetas crearon la camioneta de doble cabina, que en la práctica categoriza como auto y por ende no requería el RUTA. En otras palabras, el costo de este inútil tramite superaba el del propio trámite porque implicaba una disfuncionalidad misma del vehículo de transporte”.
Asimiso, la medida establece la responsabilidad del Estado de garantizar una amplia competencia y transparencia en el mercado del transporte automotor de cargas y de que ninguna disposición nacional, provincial o municipal interfiera o dificulte en dichos servicios.
“El RUTA solo impone cargas burocráticas que entorpecen la libre iniciativa y obstaculizan el ejercicio pleno de la actividad económica, que es el verdadero motor del desarrollo y la prosperidad de la Nación, exigiendo documentación que ya posee el Estado o duplicando las facultades de fiscalización que ya tienen otros organismos”, se estableció en el Boletín.
Y añadió: “La eliminación de este tipo de trabas es esencial para liberar las fuerzas productivas y permitir que los individuos puedan desplegar su potencial, sin que sea necesario requerir trámites injustificados en el Estado. Resulta necesario avanzar hacia un modelo económico que promueva la desregulación y la eliminación de barreras que obstaculizan el crecimiento y la innovación, devolviendo a la sociedad la posibilidad de prosperar sin condicionamientos arbitrarios”.