Por: Dr. Martín Eduardo Botero.
El reciente comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, en el que se aborda la citación a la señora Lucía Topolansky como testigo en relación con declaraciones públicas de extrema gravedad, busca minimizar y desviar la atención de acusaciones que afectan directamente la integridad de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Las declaraciones en cuestión implican la existencia de posibles manipulaciones de testigos y fabricación de pruebas para inculpar a militares, policías y civiles en estos casos, lo que pone en entredicho la transparencia y legitimidad del sistema judicial.
Es preocupante que, en lugar de iniciar una investigación seria e independiente sobre estas acusaciones, la Fiscalía especializada emita un comunicado que, de manera superficial, afirma que todas las garantías del debido proceso han sido respetadas.
Este intento de pasar por alto denuncias de tal gravedad no solo pone en riesgo los derechos fundamentales de los imputados, sino que también afecta la confianza pública en la justicia uruguaya.
Violación del principio de juez natural.
Paralelamente, más de 20 recursos han sido presentados ante la Suprema Corte de Justicia alegando la violación del principio del juez natural.
1. Manipulación de testigos: una amenaza al debido proceso
Las declaraciones de la señora Topolansky, confirmadas por el expresidente José Mujica, y las denuncias de los imputados apuntan a la manipulación de testigos y pruebas como prácticas recurrentes en estos procesos.
2. Gravedad de las acusaciones:
Las acusaciones de que algunos testigos han mentido bajo presión o influencia directa son de una gravedad excepcional. Esto no solo afecta la credibilidad de los procesos, sino que constituye una violación flagrante del derecho a un juicio justo.
3. Inacción de la Fiscalía especializada:
La Fiscalía no ha anunciado ninguna acción concreta para investigar estas denuncias, limitándose a un comunicado en el que defiende la imparcialidad del sistema y descarta cualquier irregularidad. Esta omisión refuerza las sospechas de parcialidad y falta de diligencia.
4. Impacto en los imputados:
La manipulación de pruebas y testimonios no solo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que además perpetúa un sistema en el que los imputados son juzgados con base en pruebas cuestionables, alejándose de los estándares internacionales.
5. Competencia inadecuada de tribunales ordinarios:
Los imputados han sido juzgados por tribunales ordinarios, a pesar de que el artículo 239 de la Constitución uruguaya establece que la competencia para juzgar delitos contra el Derecho de Gentes recae exclusivamente en la Suprema Corte de Justicia.
6. Suspensión de procesos:
Ante esta situación, los procesos deberían ser suspendidos hasta que la Suprema Corte se pronuncie sobre estos recursos. Continuar con los juicios en tribunales ordinarios no solo contradice el derecho nacional, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Uruguay.
7. El comunicado de la Fiscalía: un intento de minimizar las denuncias.
El comunicado de la Fiscalía se limita a citar a la señora Topolansky como testigo, pero no aborda la profundidad de las denuncias realizadas ni las implicaciones que estas tienen para el sistema judicial.
8. Falta de autocrítica e investigación:
La afirmación de que «todas las garantías del debido proceso han sido respetadas» contrasta con las múltiples denuncias de manipulación de pruebas, violación del principio de juez natural y uso de tribunales ordinarios sin competencia en estos casos.
9. Efecto en la opinión pública: Este comunicado parece estar diseñado para desviar la atención de las denuncias de irregularidades procesales y evitar una discusión más amplia sobre la transparencia y legitimidad de estos juicios.
Consecuencias internacionales
Estas irregularidades y la aparente inacción para abordar las denuncias podrían tener implicaciones graves para Uruguay a nivel internacional.
A) Compromisos internacionales incumplidos: Uruguay, como Estado parte del Estatuto de Roma y otros tratados internacionales, tiene la obligación de garantizar juicios justos y respetar los principios de imprescriptibilidad y juez natural.
B) Riesgo de sanciones: Ignorar estas denuncias podría derivar en investigaciones internacionales o señalamientos por parte de organismos de derechos humanos, lo que afectaría la reputación del país como defensor de los derechos fundamentales.
Frente a este panorama, se hace necesario:
a) Investigación inmediata: La Fiscalía General de la Nación debe abrir una investigación seria e independiente sobre las denuncias de manipulación de testigos y pruebas.
b) Suspensión de procesos judiciales: Todos los juicios en curso deben ser suspendidos hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre los recursos presentados.
c) Monitoreo internacional: Instamos a los organismos internacionales a seguir de cerca estos procesos, asegurando que se respeten los estándares internacionales de justicia.
Conclusión
Las acusaciones de manipulación de testigos y la violación del principio del juez natural no pueden ser ignoradas ni minimizadas mediante comunicados superficiales.
Estas prácticas no solo afectan los derechos de los imputados, sino que también debilitan el estado de derecho en Uruguay.
Es imperativo que se actúe con diligencia y transparencia para restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar que los procesos judiciales se desarrollen conforme al derecho nacional e internacional.