Mientras al Gobierno se le acortan los plazos para definir cambios en el sistema electoral, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a considerar este lunes como “fundamental” avanzar en la eliminación de las PASO. Se trata de una iniciativa que la Casa Rosada ya presentó en el Congreso y que, ahora, busca que sea tratada ya sea en sesiones extraordinarias en febrero próximo o en el inicio del período ordinario, desde el primero de marzo.
El jefe de Gabinete fundamentó su postura en razones económicas. “El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales. Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”, remarcó Francos.
En la misma línea, el ministro coordinador sostuvo que “desde 2011, fecha en que (las elecciones primarias) entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”.
Francos afirmó que, por esos motivos, será “fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias (que el oficialismo analiza convocar para febrero próximo) o al principio del período ordinario”, a partir del primero de marzo. El jefe de Gabinete justificó que la eliminación de las PASO serviría “para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”.
El Gobierno ya envió a la Cámara de Diputados, a fines de noviembre, un proyecto para eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos al reducir el aporte estatal y no delimitar un tope al aporte privado. Una segunda iniciativa condiciona la supervivencia de los partidos chicos y apunta a matar a los “sellos de goma”, partidos con poca representación que prestan su existencia formal.
En la Justicia Electoral hay expectativa y no poca preocupación frente a las incertezas que exhiben las autoridades políticas en la definición del cronograma de los comicios legislativos. Si bien la ley no contempla un plazo máximo para modificar las reglas electorales, en la Justicia deslizan que lo razonable es que cualquier cambio debería producirse, cuando mucho, antes de la convocatoria formal a elecciones que debe realizar el Poder Ejecutivo.
Según la ley vigente, el presidente Javier Milei debe convocar a elecciones primarias 90 días antes de su realización; el plazo máximo es el 5 de mayo próximo. En la Justicia Electoral advierten que en abril, a más tardar, quede establecido el cronograma definitivo ya que, a partir de ese mes, corren los distintos plazos que prevé la ley para que los 24 distritos del país pongan en marcha el operativo con vistas a las elecciones generales de octubre.
En este escenario, hay distritos relevantes como la provincia y la ciudad de Buenos Aires que aguardan definiciones sobre el cronograma electoral nacional para tomar decisiones sobre sus propios comicios. Tanto el gobernador Axel Kicillof como el alcalde Jorge Macri evalúan la posibilidad de desdoblar las elecciones en sus distritos y sería más sencillo hacerlo si se eliminaran las PASO a nivel nacional.
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