El pasado miércoles 18, los diputados jujeños aprobaron la Ley N° 6453 para crear el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), que pone precio a la atención médica del sistema público, además de regularizar el cobro a los extranjeros no residentes. Un golpe a un derecho elemental, ya que la salud es un derecho social y humano que debe garantizar el Estado, no una mercancía.
Con esta ley se pondría fin a la gratuidad del sistema público porque impone el pago de un arancel mensual obligatorio (entre $ 40.000 y $ 50.000) para recibir una atención básica en los hospitales públicos y puestos de salud de la provincia. La prestación gratuita quedará solo para quienes demuestren que son muy pobres o indigentes.
El SEPROSA fue presentado por el bloque mayoritario de la UCR-Frente Cambia Jujuy, aunque tuvo solo la firma de 16 de sus 30 diputados. Pero logra su aprobación con el apoyo de una porción de los diputados del PJ y Unión por la Patria, encabezados por Rubén Rivarola, el socio del ex gobernador Morales, que es dueño de las dos mayores clínicas privadas en Jujuy. Y hubo solo tres votos en contra, los del Frente de Izquierda Unidad.
Para tener salud, pagar un seguro obligatorio
El proyecto fue presentado por Iván Poncio del bloque radical, refiriendo que el sistema público estaría desfinanciado y que funcionaría mal debido a “los recortes presupuestarios de Nación”. Por ello, para equilibrar los gastos proponen un aporte “solidario” de aquellos “que tengan una mayor capacidad de pago” que utilicen el sistema público sin tener obra social y pueden pagar esa cuota mensual equivalente a 5 consultas médicas módulo 100 (con coseguro) según el nomenclador del ISJ. Lo pagará todo aquel que cobre más de 2 salarios mínimos vitales y móviles ($ 543.141) y no tenga obra social.
Tan nefasto proyecto no tuvo tratamiento en comisiones, ni siquiera pasó por la comisión de Salud ni lo firmó el titular de esa comisión, Omar Gutiérrez, que incluso se ausentó ese día para no quedar pegado. Aunque al final lo justificó. Ya en julio y con la autoría de Juan Jenefes, el bloque del PJ había planteado aprobar el proyecto de ley para cobrar la atención en la salud pública a extranjeros transitorios y precarios, avanzando en imponer un criterio discriminatorio, regresivo y anticonstitucional, al afectar derechos adquiridos. Se empezó así cobrando a extranjeros y migrantes, después a quienes tienen obra social y ahora lo quieren extender a toda la población.
Si ganás más de $ 543 mil, hay que pagar $ 50 mil al mes
Esta estafa y saqueo social lo plantean cuando más de la mitad de los trabajadores jujeños son informales, no tienen cómo justificar sus ingresos ni obra social, y les pedirán que saquen un certificado de indigencia que ni se sabe cómo se aplicará.
Ante la crítica situación económica, con un 55% en la pobreza e indigencia en la provincia, una brusca caída del consumo de alimentos y medicamentos, es injusto que alguien que apenas supere un ingreso de 543.000 pesos, deba pagar $ 50.000 al mes por un servicio de salud, que debe ser gratuito por la Constitución.
El año 2024 se caracterizó por golpes a derechos como la salud, con la desregulación de las farmacéuticas que encarece los costos de los remedios, haciendo imposible curarse. O el ataque a nuestros jubilados, sacándoles la gratuidad de sus medicamentos. Así como el vaciamiento y persecución en el Hospital Garrahan, donde se atienden pibes de todo el país, los despidos en el Hospital Posadas y en la salud mental, con el Hospital Bonaparte.
En ese contexto y como se denuncia desde el Foro provincial en defensa de la salud pública, en Jujuy experimentan con este plan privatista. El SEPROSA, como antes el “Plan estratégico de salud” de Morales y su ministro de Bouhid (dueño de la mayor empresa de diagnóstico por imágenes), expresan las “recetas” del Banco Mundial (documento “Invertir en Salud” de 1993), para desplazar la atención primaria de la salud al sistema de seguros. Con antecedentes como el Decreto 582 de Menem, con el arancelamiento de la salud y los Hospitales de Autogestión. Y en 2016, con la CUS (Cobertura Universal de Salud) planteada por Macri y su DNU 908, que se empieza a aplicar en Mendoza y Jujuy, introduciendo el sistema de seguros en la salud estatal.
¿Hay o no hay plata? Sí, hay plata
Sadir y la UCR, como todos los gobernadores, se agarran del dicho de Milei diciendo que “no hay plata” para justificar los magros presupuestos en salud, educación, salario, vivienda o empleo. Pero en Jujuy el Presupuesto 2025 aprobado en esa misma sesión (Ley N° 6.440) tiene superávit, algo de lo que se jacta Sadir hace tiempo. Si la provincia recauda más de lo que gasta, ¿por qué insistir con más ajuste y esta medida extrema de arancel el derecho a la salud?
El gobierno de Sadir ajusta a tono con el de Milei. Cuando las medidas a tomar pasan por dejar de pagar la estafa de la deuda a los bonistas buitres y organismos multilaterales. Se deben tocar los intereses de las corporaciones para resolver el drama social, en vez de darles beneficios fiscales, hay que ponerles fuertes impuestos progresivos a los ingenios, las mineras, las grandes cadenas y estatizar como Aceros Zapla, Banco Macro, el Aeropuerto, EJESA, EDENOR y Gasnor.
El gobierno pide “equilibro” y “solidaridad” en los gastos a los trabajadores y sectores más pobres. En realidad quienes deben realizar ese aporte son los que se enriquecen con el extractivismo y el saqueo de nuestros recursos para volcarlo a la salud pública.
Luchar para derogar la ley 6453
Otro beneficiario de la medida privatista es el diputado nacional Manuel Quintar de La Libertad Avanza de Milei y dueño de otra importante clínica privada jujeña. Junto a Rivarola (PJ) y el ex ministro Bouhid (UCR), son cómplices, artífices y privilegiados beneficiarios de este saqueo. Ya que permite la prestación desde el sector público como el privado y acceder a planes diferenciados por un costo adicional.
Como siempre el futuro de nuestras vidas está en nuestras manos, depende de cómo nos organizamos y enfrentamos al plan de Sadir y al gobierno de Milei para garantizar nuestros derechos. Por eso impulsamos la unidad de todos los sectores gremiales, sociales, estudiantiles, jubilados y políticos, junto a otras iniciativas y un verdadero plan de lucha provincial. En ese camino fuimos parte de la acción callejera del lunes 23 en San Salvador.
En definitiva, llamamos a luchar y rechazar este nuevo avance sobre el derecho a la salud, exigiendo la inmediata derogación de esta ley 6453.
Alternativa Salud
ANCLA/MST