El gobierno de Javier Milei busca retomar la iniciativa tras el escándalo de la cripto $Libra, cuyo futuro judicial es incierto. Con ese objetivo se busca que varias empresas públicas se transformen en sociedades anónimas, como ocurrió con el Banco Nación. «Los privados no son malos. Hay que terminar con esa visión. Lo que tiene que haber son buenas administraciones», sostienen en la Casa Rosada.
«El Presidente de la Nación ha firmado el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima. Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Milei bajó la orden de apretar el acelerador con luego de que el expresidente Mauricio Macri pidió acelerar la privatización de las empresas estatales. «Pasó un año y pico y no cerramos ninguna. Todas consumen plata y casi ninguna aporta valor», cuestionó el líder del PRO, en un mensaje dirigido al oficialismo.
Dijo que «esa plata se la podemos devolver al campo con menores retenciones para que produzca más y genere más trabajo».
El Gobierno avanza con la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Sociedad Anónima
Tras esas declaraciones, Milei convirtió en sociedad anónima al Banco Nación, y ahora avanzó con Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la única mina de carbón en el país. Funcionarios nacionales explicaron que las cerca de 60 haciendas productivas que funcionaban alrededor del yacimiento también pasarán a constituirse como S.A. En las próximas semanas, habría más novedades.
En septiembre de 2024, el juez federal Alejo Ramos Padilla había dictaminado que el gobierno no podía avanzar en la privatización del Banco Nación sin una ley aprobada por el Congreso. El fallo subrayaba la necesidad de una ley para modificar la estructura jurídica del banco y destacaba la intención del Congreso de excluir al Banco Nación de las empresas sujetas a privatización. Con la firma de este nuevo decreto, el gobierno busca avanzar en la transformación del Banco Nación, a pesar de las objeciones legales y políticas previamente planteadas.
Luego de convertir al Nación en SA, el Gobierno avanzó este domingo con un decreto que otorga el mismo estatus a la sociedad estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) que explota la mina de carbón de Santa Cruz. Otras 60 empresas públicas podrían seguir el mismo camino.
Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial que se realizará esta medianoche, la empresa nacional ubicada en Santa Cruz está un paso más cerca de ser privatizada, algo que está contemplado en la Ley Bases. YCRT es una de las nueve empresas –el Gobierno había propuesto 41– que quedaron en la lista de privatizables.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima: los recaudos del Gobernador de Santa Cruz
Si bien el paso de YCRT de sociedad del Estado en sociedad anónima es uno más en la larga lista que tiene el Gobierno, desde Balcarce 50 hubo recaudos especiales con el gobierno provincial, que encabeza Claudio Vidal.
El santacruceño tiene buena sintonía con la jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, y su administración fue informada previamente sobre el decreto que se publica este lunes, según explicaron fuentes de la Casa Rosada.
YCRT es un ícono del kirchnerismo en Santa Cruz y también eje de fuertes controversias por su funcionamiento deficitario y las inversiones millonarias que recibió durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Su caso tiene poco que ver con el Banco Nación, cuya transformación fue comunicada sorpresivamente por el Gobierno en medio de un raid de anuncios que buscaron quitar el foco de atención sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
En diciembre se conoció un informe duro de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT perdió $8.728 millones, pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones.
Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares. En 2023 había sido de 140 millones de dólares.
La importancia de YCRT para Río Turbio
La planta de YCRT tiene unos 2.100 empleados, en gran medida administrativos. La ciudad de Río Turbio vive alrededor del funcionamiento del yacimiento y de la Central Termoeléctrica, en la que el kirchnerismo invirtió sumas millonarias y por las que enfrentó varias denuncias en tiempos de la administración macrista. En 2004, en el lugar fallecieron 14 mineros al quedar atrapados cuando se produjo un derrumbe seguido de incendio.
Desde octubre del año pasado, el interventor de YCRT es Pablo Sebastián Gordillo Arriagada, exgerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado en esa provincia y hombre de confianza del gobernador Vidal. Su llegada al cargo se produjo luego de que el presidente Javier Milei echara a Thierry Decoud, en el marco de una investigación por presunto «pedido de coimas».
El Gobierno dice que hay interesados en comprar la mina y deslizó que las ofertas por adquirirla rondan los u$s 400 millones. Hace un mes, sin embargo, la firma intentó subastar a través del Banco Ciudad 30.000 toneladas de carbón, pero la operación se cayó por falta de oferentes.
A principio de febrero, fuentes gremiales aseguraron que ya hay acopiadas 45.000 toneladas en el Puerto de Punta Loyola, listas para ser comercializadas, y culpan a las diferentes intervenciones por no haber concretado negocios.
Qué otras empresas pueden convertirse en Sociedades anónimas
El Gobierno tiene bajo análisis otras 60 empresas que podrían seguir el mismo camino del Banco Nación e YCRT. No solo hay empresas públicas que pasarían de sociedad del Estado a sociedades anónimas, sino también otras «unidades productivas» o «unidades de negocios», incluso dentro de una misma empresa pública, o «intercompañías», que podrían seguir ese camino.
Para la administración libertaria, los pases a sociedades anónimas son sinónimo de «saneamiento» y «orden», e implican «balances de inventarios, administraciones más responsables, estándares de transparencia y saneamiento de déficits, así como rendir cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ)».
Según indicaron desde la Casa Rosada, la transformación en sociedades anónimas apunta a «normalizar el estatus jurídico de empresas públicas que en muchos casos tenían grises». También la puesta a punto necesaria para que, eventualmente, esas empresas salgan a la venta. Además, el Gobierno mantiene la idea de avanzar con las privatizaciones incluso de aquellas empresas que quedaron afuera de la Ley Bases. Mencionan los casos de Tandanor y el Correo Argentino, Enarsa, AySA, Intercargo y Sofse.
La compañía minera contaba con 2.766 trabajadores en enero de 2024. La administración libertaria despidió a cerca de 500 empleados. «La empresa depende de los aportes del Tesoro Nacional y eso debe revertirse», había dicho el gobernador Vidal.
Vidal es uno de los 18 gobernadores que suscribió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el plan para canjear deuda por rutas, tierras fiscales, obras y empresas públicas, el denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El mandatario provincial santacruceño se reunió días atrás con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y gestionó la inscripción de YCRT en CAMMESA como generadora de energía para que pueda venderle a la provincia parte de la energía generada.
¿Qué pasará con Fadea?
El Gobierno explora también la cesión parcial o total de la fábrica de aviones Fadea, ubicada en Córdoba. Hay contactos con funcionarios del gabinete de Martín Llaryora. El nuevo status de S.A. obligará a YCRT a presentar balances y a someterse a la ley de concursos y quiebras, según detallan en el Ejecutivo. Tras hacer lo propio con el Banco Nación, el Ejecutivo habilitó el cierre de la primera sucursal de las 780 oficinas que tiene la banca pública y prometen más clausuras y despidos.
La administración libertaria se puso como primer objetivo poner en regla a todas las compañías para que no estuvieran impedidas de ser privatizadas. Particularmente esto sucedía con las empresas que eran Sociedades del Estado, una figura jurídica que impide que sean vendidas o cedidas a privados, ya que solo pueden tener como único sujeto al Estado Nacional. Para poder comenzar un eventual proceso de privatización, los técnicos del Gobierno nacional incluyeron en el DNU 70/23 -el extenso paquete de desregulaciones de la economía implementado por Milei al comienzo de su mandato- un artículo que obligaba a la transformación a Sociedades Anónimas producto de la derogación de la Ley 20.705 de Sociedades del Estado.
Al arribar a la Casa Rosada, Milei se encontró con 13 compañías que eran sociedades estatales: FASE, SOFSE, ADIF, Contenidos Públicos, Educar, RTA, AGP, Fabricaciones Militares, Casa de la Moneda, COVIARA, EANA y APE SAU. Quien está a cargo de ese proceso es el abogado Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que está bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Un ejemplo es la Administración General de Puertos (AGP), que fue disuelta el 6 de enero a través del Decreto 3/25 y en su reemplazo se creó una agencia con funciones similares. Para la Casa de Moneda solo restaba esperar su disolución, dado que el Gobierno quiere delegar la impresión de moneda a privados o, incluso, importarla. La última transformación que decretó Milei fue la de Construcción de Viviendas para la Armada Argentina -o COVIARA, por sus siglas-. Se trata de un rubro muy específico y el Gobierno no pretende la venta de la compañía y que sí la absorba Playas Ferroviarias SA. Todas las compañías que fueron transformadas pasaron a una figura denominada Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Esta denominación está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación y ocurre cuando el Estado es el único accionista.
Una excepción
De las compañías listadas sólo habría una excepción. Se trata de Ferrocarriles Argentinos (FASE), que opera como el holding que contiene a las tres compañías ferroviarias del Estado: Operadora Ferroviaria (SOFSE, que administra las líneas urbanas y de larga distancia), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, que se encarga de las obras de infraestructura) y Belgrano Cargas (que maneja las líneas de carga).
En tanto, si el Gobierno desea privatizar o hacer una concesión total de otras compañías deberá presentar un proyecto de ley a ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Esto no corre para el caso de Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales, todas compañías avaladas por el Poder Legislativo a través de la sanción de la Ley Bases. El lunes pasado se publicó el decreto que da inicio al proceso de privatización de Corredores Viales. En tanto, los de Aysa e Intercargo se conocerían en las próximas semanas.
YCRT enfrenta una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La empresa, que condujo Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Está desde hace varias administraciones en una situación crítica por la alta superpoblación de trabajadores, la falta de inversión, los problemas administrativos y los manejos irregulares.
Uno de los principales problemas que enfrenta YCRT es su abultada plantilla de trabajadores, una carga laboral desproporcionada para una operación que no está funcionando a plena capacidad. Este problema se remonta a la gestión de Daniel Peralta, que había firmado una serie de acuerdos con los gremios para evitar conflictos laborales, y resultó en una acumulación de personal que se convirtió en un obstáculo financiero. Con todo, la mina sigue siendo una fuente de sustento para dos comunidades cercanas que dependen directamente de su actividad.
YCRT: el carbón extraído tiene una demanda importante en el mercado internacional
A pesar de las dificultades, el carbón extraído de YCRT tiene una demanda importante en el mercado internacional, particularmente en países como China, que requieren grandes volúmenes para sus operaciones industriales. Sin embargo, la producción actual de la mina no alcanza los niveles necesarios para satisfacer estos requerimientos. China, calculan en la provincia, exige una producción mínima de 30.000 toneladas, mientras que YCRT, en su mejor escenario, apenas podría alcanzar las 20.000 toneladas.
Además, la ubicación geográfica, a 300 kilómetros del mar, complica la logística de exportación. El carbón debe ser transportado desde la montaña hasta el puerto, lo que incrementa los costos y reduce la competitividad del producto en el mercado internacional. Una alternativa sería implementar un plan de subsidios a largo plazo por parte del gobierno nacional, destinado a mejorar las máquinas, aumentar la producción y garantizar un ciclo productivo sostenible. Pero en la Nación descartan esa posibilidad, que podría generar más déficit.
En cuanto a EPEC, un alto funcionario de la administración Llaryora remarcó que está todo definido para que pase a ser una SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), la figura en la que hay un socio único que es propietario de los activos y pasivos de la compañía. En este caso sería el Estado provincial.
El principal argumento que esgrimen en el gobierno provincial para allanar el camino a conversión de Epec en sociedad anónima es la vigencia del decreto 70/2023, que en su artículo 48 plantea: «Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas. Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas».
«El gobierno está conforme con el funcionamiento de Epec, con el esquema de reducción de gastos y con sus planes y no busca su privatización ni cambiar convenios de trabajo ni estatutos. Pero tenemos que hacer este cambio para ajustarnos al decreto 70/2023 porque se corre el riesgo de que la empresa no pueda estar habilitada y operativa. Es un cambio que ya está en marcha», afirmaron desde Casa de Gobierno.
En los últimos 3 ejercicios, Epec dejó los números rojos y está mostrando resultados operativos positivos. Allí radica uno de sus valores. El otro es la enorme caja que representa la Epec. Según los datos presentados por el Presupuesto 2025, la empresa pública tendrá un presupuesto de más de $2 billones. Para poner en dimensión esta cifra, hay que considerar que el presupuesto que aprobó el Concejo deliberante para el funcionamiento de la Municipalidad de Córdoba en 2025 es de $1,39 billones. Es decir, Epec manejará más plata que la administración de la ciudad más importante del interior del país.
Para Luz y Fuerza, el gremio que engloba a los más de 3.000 empleados de la compañía, lo que busca la administración Llaryora con la conversión de Epec en SA es allanar el camino para la eventual privatización de la compañía. El sindicato remarca la importancia estratégica y social del rol que cumple la empresa al ser una herramienta que garantiza lo que consideran un derecho básico como es el acceso a la energía. Algo que podría entrar en conflicto, según el diagnóstico que plantean, si la empresa se abre a capitales privados.
¿Qué pasará con COVIARA?
En este escenario, COVIARA, la empresa del Ministerio de Defensa para la Construcción de Viviendas de la Armada, fue transformada días atrás en una sociedad anónima unipersonal, por disposición del Gobierno nacional. El decreto 117/2025 determinó que las sociedades o empresas con participación estatal se transformen en sociedades anónimas, y en las facultades otorgadas al Ejecutivo en la Ley Bases, que le permiten modificar o transformar la estructura jurídica de compañías o sociedades estatales.
En la normativa, se explicó que la decisión de que la desarrolladora de viviendas para el personal militar y civil de la Armada pase a ser una sociedad anónima se implementa «con el objeto de modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión».
En este marco, se aclaró que «el Estado Nacional es el titular del capital social y único accionista de dicha sociedad y ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Defensa».
En el mismo texto oficial, el Gobierno estipuló que una vez concretada la transformación de COVIARA en sociedad anónima unipersonal se fusionará por absorción con la empresa de desarrollo inmobiliario Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., que tiene como accionistas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
«No es como dice Macri. Estamos avanzando con las transformaciones», aseguran en la Casa Rosada.