CÓRDOBA.- El Gobierno de Córdoba logró emitir un bono de 725 millones de dólares en el mercado internacional.
La provincia se convirtió así en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017, lo que marca un punto de inflexión importante para la economía argentina al recuperar el acceso voluntario al crédito internacional tras años de ausencia.
El nuevo título, emitido bajo ley del Estado de Nueva York, vence en 2032 y contempla un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento.
Los intereses se abonarán de manera semestral. Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender que será este viernes 27 de junio.
El papel fue colocado a una tasa del 9,75% y recibió ofertas de compra por más de 1000 millones de dólares, generándose una importante sobreoferta respecto de los 500 millones de dólares buscados inicialmente, y con una participación mayor al 40% por parte de inversores locales.
Esto, según valoraron en la administración de Martín Miguel Llaryora, refleja una sólida demanda del mercado gracias a la fortaleza fiscal provincial, aun en un contexto internacional desafiante signado por la incertidumbre política, los conflictos bélicos en medio oriente y, en el plano, financiero, una cierta congestión de emisores latinoamericanos.
Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.
Esta emisión, explicaron desde el gobierno cordobés, forma parte de una “estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones sin resignar el financiamiento de obras claves para la provincia”.
La colocación coincidió con que la provincia recibió los 10.000 millones de pesos de pago de la Anses, parte de un acuerdo cerrado entre el gobernador Martín Llaryora y la Nación en la Corte Suprema de Justicia, instancia a la que se llegó por los incumplimientos de la Rosada.
Se trata de la deuda por transferencias definidas por ley para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación.