La diputada Marcela Pagano, integrante del bloque La Libertad Avanza, profundizó su feroz pelea contra el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez, a quien denunció en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, donde reclamó que le quiten la matrícula profesional.
El Colegio Público fijó una audiencia con la diputada Pagano el próximo 25 de agosto, por amenazas y expresiones agraviantes hacia ella, Jorge Rial, Esteban Paulón y Julito López, a quienes calificó de “viejo mogólico”, “pedófilo”, “degenerado hijo de mil puta”, “gorda enferma mental” y “lechón iraní”, entre otros términos agraviantes, sostuvo Pagano en su denuncia.
Y agregó que Sarubbi los calificó así con intención de degradar, humillar y descalificar públicamente a terceros por motivos de salud, discapacidad, orientación sexual o con imputaciones infundadas de delitos aberrantes.
Sarubbi Benítez es abogado de influencers y dirigentes libertarios, como Daniel Parisini (Gordo Dan), Fernando Cerimedo (dueño del 50% de La Derecha Diario), Esteban Glavinich (TraductorTeAma), Sofía Cvitanovic (Croata) y el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros.
Además, es panelista en un programa del canal de streaming Carajo, que maneja el Gordo Dan; y en otro programa del canal de streaming Neura, de Sergio Figliuolo (Tronco) y Alejandro Fantino.
«El doctor Sarubbi Benítez ha incurrido en conductas públicas incompatibles con la ética profesional, que exceden la libertad de expresión y se encuadran en expresiones injuriosas, discriminatorias, ofensivas y temerarias, con claras implicancias disciplinarias», planteó Pagano, en la denuncia a la que accedió Clarín.
«Más grave aún, el doctor Sarubbi Benítez profirió amenazas directas contra mi persona, también de manera pública y en el contexto de la denuncia que presenté recientemente ante la Justicia. Dichas amenazas, que incluyeron referencias agresivas a mi condición de mujer y de funcionaria pública, se encuentran hoy bajo investigación judicial», añadió en su escrito la diputada Pagano.
En cambio, fuentes cercanas a Sarubbi Benítez le dijeron a Clarín que la ley y el Código de Ética son claros, ya que «solo regulan la labor del abogado en el ejercicio de su profesión».
Acusaciones cruzadas
Tal como informó Clarín, la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó el mes pasado a Sarubbi Benítez por «haberla intimidado públicamente» a la diputada Pagano y «haber instigado a sus seguidores a expresarse en contra de la prenombrada, quien refirió haber sufrido amenazas, señalando además que si no votaba de determinada manera la irían a buscar a su casa, ello con claras intenciones de infligirle un mal grave e ilegítimo sobre su persona», según sostuvo la fiscal en su dictamen.
Sarubbi Benítez concurrió a la audiencia en la fiscalía acompañado por la diputada libertaria Lilia Lemoine, además de ofrecer como uno de sus testigos a otro diputado libertario, Bertie Benegas Lynch.
La diputada Pagano está en pareja con Franco Bindi, a quien Sarubbi Benítez acusó, a su vez, de amenazarlo. Y los denunció a ellos, además de a la fiscal del caso, Celsa Ramírez, de integrar una «asociación ilícita» para amedrentarlo, junto a Jorge Rial, Santiago Sautel (periodista de Realpolitik) y Valentina Etulain.
El enfrentamiento público que mantienen las diputadas Pagano y Lemoine se judicializó en esta causa que involucra a un abogado muy cercano a Lemoine, Benegas Lynch y al Gordo Dan, por un lado; mientras que del otro sector sumaron a Bindi, Etulain y los periodistas Rial y Sautel.
En paralelo a la causa judicial, el Colegio Público de la Abogacía fijó una audiencia con Pagano para analizar el comportamiento ético de Sarubbi Benítez, el próximo lunes 25 de agosto, por diversos mensajes que publicó Sarubbi Benítez en su cuenta personal de X (exTwitter) y en transmisiones de streaming.
Según planteó en su escrito Pagano, las acciones de Sarubbi Benítez «constituyen violaciones graves a los deberes éticos que rigen el ejercicio de la abogacía», establecidos en el Código de Ética del Colegio Público, como el «deber de actuar con dignidad, decoro y respeto a la comunidad»; la «prohibición de expresiones discriminatorias o que afecten la dignidad humana»; la «prohibición de realizar imputaciones temerarias o calumniosas sin sustento»; y «manifestaciones públicas que comprometan el prestigio de la abogacía por su tono violento, injurioso o discriminatorio».