La administración nacional redujo su plantilla en 184.000 puestos desde la asunción de Javier Milei, lo que evidencia un ajuste deliberado sobre el Estado y sus empresas. Los datos surgen del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, y corresponden a mayo, el último registro disponible.
El documento, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP, señala que “luego de caídas desde mayo a agosto de 2024 y fluctuaciones hasta abril de 2025, el empleo asalariado formal total se mantuvo sin cambios en mayo de 2025 con respecto al mes anterior. De esta manera, el número total de trabajadores formales se situó en un valor similar al de diciembre de 2024”.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política se dedica a la investigación académica de alto nivel en el área de la economía. Entre los principales temas de estudio de los centros y grupos de investigación que conforman el IIEP se encuentran los vinculados a macroeconomía, finanzas públicas, protección social, integración internacional, desarrollo productivo, empleo y distribución, sustentabilidad, redes y sistemas complejos, historia económica y epistemología.
A la par, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó el detalle del ajuste en el Estado hasta junio de este año. El informe advierte que la política aplicada por la gestión de Milei significó un desmantelamiento de capacidades operativas, con impacto directo en empresas, organismos descentralizados y dependencias de la administración central.
En términos absolutos, las mayores bajas se registraron en el Correo Argentino, con 4.916 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria, con 2.801, Banco Nación, con 1.831, y Aerolíneas Argentinas, con 1.768. En organismos de investigación y gestión social también se verificaron recortes profundos: ARCA perdió 3.052 puestos, ANSES 1.457 y el Conicet 1.091.
En términos proporcionales, el golpe más fuerte se produjo en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 por ciento de los trabajadores. Le siguieron Energía Argentina S.A Patagonia (ENARSA), con una reducción del 66,7 por ciento, Educar S.A. con el 52,5 por ciento y Contenidos Públicos con un 42,7 por ciento. En la administración centralizada, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 63 por ciento de su personal, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte redujo su dotación en un 45 por ciento y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en un 41 por ciento.
El panorama confirma que el recorte no se limita a un achicamiento de “gastos” sino que implica un vaciamiento de funciones básicas del Estado. El deterioro en áreas estratégicas, desde los servicios postales hasta la ciencia y la seguridad en el transporte, refleja la magnitud de la política de ajuste impulsada por el Gobierno.