El gobierno de Javier Milei cerró el año 2025 profundizando el ajuste presupuestario sobre los sectores populares, el empleo público, la educación y las políticas sociales, mientras sostiene como prioridad absoluta el pago de la deuda y el disciplinamiento fiscal exigido por el FMI. Así lo confirma el último informe publicado este jueves 15 por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que da cuenta de una fuerte contracción real del gasto y de los ingresos, con un deterioro significativo de las cuentas públicas respecto de 2024.
Según el informe, la caída real del gasto fue del 2,1% interanual, en un contexto en el que también se registró una merma real de los ingresos del 2,6%. La Administración Pública Nacional (APN) finalizó el año con un superávit primario de 9,6 billones de pesos, pero tras el pago de intereses de la deuda el resultado financiero fue deficitario en 1,6 billones. Lejos de ser un “logro”, la comparación interanual muestra el fracaso del esquema libertario: el superávit primario fue 24,6% inferior al de 2024, mientras que el déficit financiero se disparó un 312,6%.
La caída de los ingresos estuvo marcada por la extinción del Impuesto PAIS, la baja en el impuesto a las Ganancias y el retroceso del 15,5% en los Derechos de Exportación. En contraste, crecieron los derechos de importación un 22,4% interanual, empujados por el aumento de compras en el exterior, una consecuencia directa del esquema de dólar barato que deteriora la industria local y favorece la reprimarización de la economía.
En el caso de Ganancias, el informe detalla una recaudación de $11,6 billones, con una caída real del 7,4% interanual. Tras un primer cuatrimestre con subas, la recaudación se desplomó desde mayo por la elevada base de comparación dejada por las ganancias extraordinarias de las empresas en 2023, asociadas a la devaluación de fin de año. El resultado vuelve a mostrar la fragilidad de un esquema fiscal atado a ingresos volátiles y regresivos, mientras se protege al gran capital.
Ajuste, deuda externa y resistencia
El ajuste se concentró brutalmente en los subsidios y el empleo. Los subsidios a la energía registraron una caída del 37,6% interanual, producto del recorte deliberado de transferencias, mientras que los subsidios al transporte se redujeron un 25,2%, con una fuerte disminución de las compensaciones al transporte automotor del AMBA. El impacto directo fue la suba de tarifas y del costo de vida para millones de trabajadores y jubilados.
El gasto en personal tuvo una caída acumulada del 9,4%, resultado de paritarias sistemáticamente por debajo de la inflación y de la reducción de puestos de trabajo en el Estado. Según la OPC, se verificó una baja del 4,1% en los cargos de planta permanente y transitoria del Poder Ejecutivo Nacional y una disminución del 6,9% en el personal contratado. En términos concretos: despidos masivos y precarización laboral como política de Estado.
El ataque más brutal se descargó sobre los sectores más vulnerables. El ajuste en discapacidad alcanzó niveles inéditos: hubo 128.662 beneficios menos al comparar noviembre de 2025 con noviembre de 2024. Las universidades nacionales, que protagonizaron masivas movilizaciones durante el año, sufrieron un recorte del 3,7% interanual sobre un presupuesto que ya había sido licuado en 2024.
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Las políticas alimentarias tampoco escaparon a la motosierra. Programas clave como la Prestación Alimentar registraron un ajuste cercano al 20% real. El monto de esta prestación no se actualiza desde junio de 2024 y perdió un 37% de su poder de compra desde entonces, con una merma interanual promedio del 24% durante 2025. El programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) sufrió una caída del 37,8%, producto del congelamiento de la prestación desde diciembre de 2023, lo que implicó una pérdida del 65% de su poder adquisitivo medido por IPC.
Las becas Progresar se redujeron un 41,5% y directamente se discontinuaron programas fundamentales como la devolución del IVA para sectores vulnerables y el Programa Acompañar, ambos ausentes durante todo 2025. La narrativa oficial de “terminar con los intermediarios” encubre un recorte liso y llano de derechos y de ingresos para quienes más los necesitan.
Hacia adelante Milei y Caputo buscan continuar con el ajuste permanente. Si bien el oficialismo logró aprobar los capítulos generales de gastos e ingresos del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, no pudo avanzar con el Capítulo XI, que proponía derogar leyes sensibles como el Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías. Un límite impuesto por la lucha y la movilización.
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Los analistas estiman vencimientos de deuda por unos 20.000 millones de dólares, mientras que los servicios de la deuda proyectados por el gobierno ascienden a $14,1 billones, equivalentes al 9,5% del gasto total. Es decir, uno de cada diez pesos del presupuesto se destinará al pago de intereses.
El rumbo es claro, Milei pretende profundizar el ajuste dictado por el FMI y exhibir “números prolijos” ante los acreedores internacionales, aun cuando eso implique destruir políticas sociales, recortar derechos y dejar a millones de personas en la lona. Lejos de ser una política de ordenamiento, el ajuste libertario consolida un modelo de exclusión, desigualdad y transferencia de recursos desde abajo hacia arriba. La votación de la Reforma Laboral en el Congreso es un paso central para el oficialismo para avanzar contra los trabajadores y por eso clave la organización para enfrentarla, así como apoyar los conflictos obreros como el de Lustramax que resisten los ataques de los empresarios.