La Justicia investiga un caso de trata de personas con fines de explotación sexual a través de redes sociales. El imputado, de 30 años, habría captado jóvenes con falsas promesas de difusión exclusiva en el exterior.
Un hombre de 30 años, identificado como G. G. N. y oriundo de Rosario, fue detenido y se le dictó prisión preventiva por su presunta participación en un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales. La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Según la información oficial, el imputado habría captado a mujeres jóvenes, en su mayoría de 18 o 19 años y sin experiencia laboral, a través de un perfil de Instagram denominado «Argentina Casting» o «AC». Les ofrecía dinero para grabar videos de contenido sexual con la promesa de que el material sería distribuido únicamente en el extranjero. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el contenido era comercializado en plataformas de acceso global, sin restricción territorial, lo que permitía su visualización también en Argentina.
La investigación se inició el 5 de marzo de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 145 del Ministerio de Justicia. Se constató que el acusado viajaba por distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, para concretar los encuentros y producir el material.
G. G. N. ya estaba imputado desde julio de 2025 por tres casos similares, pero se encontraba en libertad bajo fianza. Las autoridades afirman que, durante ese período, continuó con la actividad, cambiando perfiles en redes sociales y plataformas, lo que derivó en la identificación de cinco nuevas víctimas. El arresto se dispuso el 25 de marzo pasado.
El fiscal general de la Unidad Rosario, Javier Arzubi Calvo, solicitó la ampliación de la investigación y la prisión preventiva, medida que fue aprobada por el juez de Garantías Carlos Vera Barros por un plazo de 90 días. El imputado enfrenta cargos por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, agravados por la cantidad de víctimas y el abuso de su vulnerabilidad, y un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena. Las penas previstas oscilan entre 8 y 12 años de prisión.
Algunas de las víctimas declararon en Cámara Gesell que, al descubrir que los videos se viralizaron en diversas plataformas, incluso en sus entornos cercanos, sufrieron situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica.