En 1831, un buque de guerra estadounidense destruyó el asentamiento argentino en Puerto Soledad. El análisis de documentos históricos, tratados internacionales y acciones diplomáticas ofrece una perspectiva sobre los acontecimientos previos a la ocupación británica de 1833.
El 31 de diciembre de 1831, el buque de guerra estadounidense Lexington, al mando del capitán Silas Duncan, ingresó a Puerto Soledad en las Islas Malvinas y procedió a destruir propiedades del asentamiento argentino allí establecido. Según registros históricos, un tribunal federal de Connecticut juzgó posteriormente estas acciones en la causa Davison vs. Seal-Skins, determinando que Duncan había actuado de manera ilegal y sin órdenes oficiales de su gobierno, lo que resultó en su destitución del mando.
El gobierno argentino, a través de su embajador Carlos María de Alvear, presentó una reclamación formal de indemnización ante el secretario de Estado de EE.UU., John Forsyth, en marzo de 1839, acompañando una extensa documentación sobre los hechos. Para entonces, Luis Vernet, designado comandante político y militar de las islas por las autoridades argentinas, había establecido una colonia con familias, gauchos e indígenas, y ejercía funciones administrativas como el control de la caza de especies marinas.
El incidente ocurrió en un contexto de disputa de soberanía. Historiadores señalan que España ejerció la administración de las islas desde 1767, sucesora del establecimiento francés de 1764. Diversos tratados internacionales, como el de Utrecht (1713) y la Convención de Nutka (1790) —reafirmada en 1814—, son citados en análisis históricos como instrumentos que reconocían los derechos españoles en la región y limitaban los asentamientos británicos en territorios ya ocupados por España.
Documentos de archivo, incluida correspondencia diplomática británica de 1766 y una carta privada del duque de Wellington en 1829, reflejan las complejidades del reclamo británico en la época. Wellington expresó dudas sobre la solidez legal de la soberanía británica, mencionando el abandono del puesto en Puerto Egmont en 1774.
Tras la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron los derechos españoles y ejercieron actos de administración en las islas, desde el izamiento de la bandera en 1820 por David Jewett hasta el nombramiento de Vernet. La destrucción del asentamiento en Puerto Soledad en 1831 y la posterior ocupación británica en 1833 interrumpieron esta administración.
El caso judicial estadounidense Charles B. Williams vs. The Suffolk Insurance Company (1839) llegó a la Corte Suprema de ese país, la cual se abstuvo de pronunciarse sobre la soberanía, considerando que tal determinación correspondía al Poder Ejecutivo.
Este episodio histórico, con sus múltiples dimensiones jurídicas, diplomáticas y políticas, continúa siendo objeto de estudio y análisis en el marco de la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas.