El gobierno de Estados Unidos busca habilitar más de 725 mil acres en California para proyectos de petróleo y gas, incluyendo áreas cercanas a parques nacionales, lo que ha despertado el rechazo de ambientalistas y autoridades estatales.
La Oficina de Administración de Tierras (BLM) del gobierno federal de Estados Unidos reactivó un plan para abrir tierras públicas en California a la explotación de petróleo y gas. La iniciativa propone habilitar más de 725 mil acres (unas 293 mil hectáreas) en la costa central del estado, así como otras áreas en el sur, muchas de las cuales colindan con parques y áreas protegidas como Pinnacles National Park, Mount Diablo State Park, Sequoia National Park y Carrizo Plain National Monument.
El caso de Pinnacles National Park, un área de conservación clave para el cóndor de California, ha sido señalado como uno de los más controvertidos. Victoria Bogdan Tejeda, abogada del Center for Biological Diversity, advirtió sobre los riesgos que las actividades petroleras representan para esta especie en recuperación. Por su parte, Juan Pablo Galván Martínez, de Save Mount Diablo, describió a Mount Diablo como un «punto crítico de biodiversidad» con especies raras y endémicas.
El plan retoma un proyecto impulsado durante la administración de Donald Trump. Aunque un acuerdo legal de 2019 obligó al BLM a revisar sus evaluaciones ambientales, organizaciones críticas señalan que el nuevo análisis, presentado en enero de 2026, es muy similar al anterior y no incluye alternativas viables como exige la ley.
El fiscal general de California, Rob Bonta, expresó en una carta que la expansión de la perforación afectaría a las comunidades por el aumento de la contaminación y no se alinearía con los objetivos climáticos del estado para 2030. En una audiencia pública virtual realizada en enero, no hubo intervenciones a favor del proyecto.
El avance del plan enfrenta obstáculos legales y regulatorios, dada la existencia de leyes estatales que establecen zonas de amortiguamiento, prohíben nuevos permisos de fracking y habilitan a gobiernos locales a restringir pozos. Deborah Sivas, directora de una clínica de derecho ambiental en Stanford, planteó dudas sobre la aplicación de estas regulaciones en tierras federales y cuestionó la viabilidad económica de los proyectos, dado que el petróleo en la región es difícil de extraer.
El BLM prevé emitir una decisión final sobre el plan para la costa central durante el verano boreal de 2026.