El gobierno británico anunció la suspensión del acuerdo para devolver las islas, sede de la base militar estratégica de Diego García, citando falta de apoyo de Estados Unidos. Mauricio afirma que continuará sus esfuerzos para recuperar el territorio.
El gobierno del Reino Unido anunció este sábado la suspensión de su proyecto para restituir el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio. La decisión se atribuye a la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos, país que opera conjuntamente con el Reino Unido la base militar estratégica de Diego García, ubicada en el archipiélago.
En mayo de 2025, Londres había aceptado en principio un acuerdo para transferir la soberanía de las islas a Mauricio, siguiendo una recomendación de la Corte Internacional de Justicia de 2019. Dicho pacto preveía que el Reino Unido mantuviera el control de la base de Diego García por un período de 99 años, renovable y a cambio de un alquiler.
Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, declaró: «Seguimos pensando que este acuerdo es la mejor forma de proteger el futuro a largo plazo de la base, pero siempre hemos dicho que sólo avanzaríamos con el acuerdo si contaba con el apoyo de Estados Unidos». Agregó que garantizar la seguridad operativa de la base «es y seguirá siendo nuestra prioridad» y que las conversaciones con Washington y Mauricio continúan.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Mauricio, Dhananjay Ramful, respondió que su país «no escatimará esfuerzos para recurrir a todas las vías diplomáticas o jurídicas con el fin de completar el proceso de descolonización». Calificó la situación como «un tema de justicia».
La base de Diego García, descrita por Estados Unidos como una plataforma «prácticamente indispensable» para operaciones en Medio Oriente, Asia del Sur y África Oriental, ha tenido un rol clave en conflictos recientes. Según reportes, su posición ha cobrado especial relevancia en el contexto de las tensiones en Medio Oriente.
El archipiélago de Chagos fue separado de Mauricio y comprado por el Reino Unido en 1965, antes de la independencia mauriciana. Entre 1968 y 1973, aproximadamente 2.000 habitantes indígenas fueron desplazados. En 2023, la ONG Human Rights Watch acusó a Reino Unido y Estados Unidos de cometer crímenes contra la humanidad por estos desplazamientos, acusaciones que Londres rechazó. Los antiguos residentes han buscado compensaciones a través de la justicia británica.