A través de un decreto, se delegó la gestión de segmentos viales a provincias, manteniendo la titularidad y jurisdicción federal. Los acuerdos específicos se firmarán con Vialidad Nacional.
El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar, mediante el sistema de peaje, tramos de rutas nacionales que se encuentran en sus territorios. La medida, establecida en el Decreto 253/2026, mantiene la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre esos caminos en manos del Estado nacional.
Las provincias incluidas en la normativa son: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. La delegación tiene carácter «funcional, limitado, temporal y revocable», según aclara el documento oficial.
Según los considerandos del decreto, varias jurisdicciones provinciales solicitaron herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios, con el objetivo de asumir tareas de administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento. Esto se enmarca en el fortalecimiento del régimen federal.
Para hacer efectiva la delegación, las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos a concesionar, el plazo de delegación, el régimen de supervisión y la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a posibles reclamos. Los convenios requieren la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Las concesiones resultantes no podrán exceder los 30 años de duración. Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes estarán destinados exclusivamente a los tramos concesionados y no podrán ser utilizados para otras obras. Además, los tramos delegados no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial con rutas de otras jurisdicciones.
Si una provincia no convoca la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación perderá efecto. Asimismo, si el contrato de concesión se extingue, el Estado nacional retomará la gestión del tramo correspondiente. El decreto también invita a las jurisdicciones no incluidas a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior.