Los nuevos litigios laborales crecieron un 3.4% en el primer trimestre del año, proyectándose un nuevo récord anual. La distribución geográfica de los conflictos es dispar y se señala la falta de implementación de cuerpos médicos forenses como un factor clave.
En el primer trimestre del año, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) fueron notificadas de 26.697 nuevos juicios, lo que representa un aumento del 3.4% respecto al mismo período del año anterior. Según proyecciones de la Unión de ART, este ritmo llevaría a que el 2026 marque un nuevo récord en la cantidad de litigios iniciados, superando los 38.000 casos.
El comportamiento fue dispar según la jurisdicción. En la provincia de Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires se registraron subas interanuales del 16.2%, 8.3% y 2%, respectivamente. En estas tres jurisdicciones se concentraron tres de cada cuatro demandas iniciadas. Por el contrario, en Mendoza y Córdoba se observaron caídas del 12.7% y 8.9% en la cantidad de nuevos juicios, concentrando 11 de cada 100 conflictos.
Este incremento continúa una tendencia: en 2025 ya se había producido un aumento del 6.4% en el número de juicios, alcanzando los 134.141 casos, la cifra más alta desde la creación del sistema de ART en 1996. El índice de litigiosidad por cada 10.000 personas cubiertas fue de 132.8, con un aumento interanual del 7.2%.
Entre las causas señaladas para la persistente conflictividad, desde el sector de las ART se enfatiza la falta de conformación de los cuerpos médicos forenses previstos por la ley 27.348, sancionada hace nueve años. Esta normativa buscaba generar un alivio en la alta judicialidad laboral mediante la creación de estos cuerpos, cuyos integrantes cobrarían honorarios no vinculados a la cuantía del juicio. Su no implementación, según un informe de la UART, «permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio».
La reciente Ley de Modernización Laboral, en gran parte suspendida por la Justicia, insistió en la necesidad de cumplir con aquella normativa. Según sus defensores, los cuerpos médicos forenses aportarían orden y profesionalización al proceso de determinar los porcentajes de incapacidad, desvinculando los honorarios de los peritajes del resultado de la evaluación.
Desde febrero rige un nuevo baremo que traduce las secuelas de accidentes o enfermedades laborales en un índice porcentual de incapacidad, buscando reducir la discrecionalidad y enfocándose más en limitaciones físicas que en síntomas declarados. La mayoría de los casos que llegan a juicio, según la presidenta de la Unión de ART, Mara Bettiol, son de personas a las que se les determinó una incapacidad del 0% en la instancia administrativa y buscan en la Justicia el reconocimiento de un daño indemnizable.
La jueza María Elena López, del Juzgado Nacional Laboral N° 57, señaló que en la mayoría de estos litigios no se discute el porcentaje de incapacidad, sino que se reclama a partir del rechazo del sistema a reconocer un daño monetariamente indemnizable.
La disparidad geográfica es una característica persistente. En 2025, el índice de litigiosidad por cada 10.000 personas osciló entre el 4.9 en Salta y el 300.2 en San Luis, pasando por el 295.9 en Santa Fe y el 126.5 en Córdoba. De las 24 jurisdicciones, 18 adhirieron a la ley 27.348, pero en ninguna se integró el cuerpo médico forense según lo previsto. Las seis que no adhirieron son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.
En Mendoza, donde se registró una baja en los casos, se instrumentó hace dos años un sistema de auditorías a peritos judiciales. Según la UART, aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja, lo que consideran un indicador de que el sistema anterior de peritos que cobran en proporción al valor del juicio «no funciona». Recientemente se anunció en esa provincia una ampliación del número de peritos dependientes.