Más de 200 jefes comunales de diversas fuerzas políticas se reunieron en Tucumán y acordaron pedir al Gobierno nacional que elimine el gravamen que, según denuncian, encarece el transporte y el costo de vida sin retornar en obra pública.
La Liga de Intendentes avanza en una construcción federal de diálogo y consensos que promete convertir su debate interno en una suerte de plataforma política a cielo abierto, a partir de intereses en común que encontraron jefes comunales de diversos puntos del país, incluso de posicionamientos políticos contrapuestos.
En la antesala de la reunión que el mes próximo tendrá el Consejo Federal de Intendentes en Rosario, más de 200 jefes comunales de todo el país se reunieron en San Miguel de Tucumán para unificar su mirada y anunciaron que le reclamarán al presidente Javier Milei la eliminación del impuesto a los combustibles.
Fuentes oficiales señalaron que la retención de estos recursos que realiza el Ejecutivo nacional, sin volcarlos en obra pública, encarece los productos locales debido al peso que tiene el transporte en la formación de precios. Los municipios denunciaron que el Estado central se queda con el 35% del valor de cada litro de nafta o gasoil, un flujo que no retorna a las ciudades.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini —uno de los referentes del bloque—, destacó que, frente a los agravios por decisiones como la quita de subsidios, los mandatarios eligieron la unidad federal. «Los intendentes, en vez de enojarnos, nos unimos con federalismo y pluralidad para conformar este Consejo Federal de Intendentes que nació en Tucumán y que avanza con propuestas democráticas», explicó el mandatario cordobés.
La pluralidad política de la cumbre se manifestó en la convivencia de liderazgos diversos, como los de la anfitriona tucumana Rossana Chahla; la referente del PRO en Vicente López, Soledad Martínez; y el intendente de Lanús, Julián Álvarez, identificado con el kirchnerismo. Esta heterogeneidad partidaria permitió que la asamblea unificara un pliego de condiciones que trasciende las banderas electorales para centrarse en la gestión territorial directa.
El razonamiento técnico de los intendentes desarmó la tesis oficial sobre la supuesta responsabilidad municipal en el encarecimiento del costo de vida. Señalaron que, debido a que el combustible mueve la economía y que el 35% del valor del litro se lo lleva la Nación sin que esos recursos vuelvan a las ciudades o a las provincias, le van a pedir a Milei «que elimine ese impuesto, lo que abaratará el transporte público y el costo de las cosas», ya que alivia la carga sobre el sector productivo y los ciudadanos.
La Liga de Intendentes advirtió que el país no encontrará soluciones a través de gritos o enojos, sino mediante un diálogo que permita distribuir de manera federal los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El bloque de jefes comunales plantó bandera contra lo que calificaron como una política de «billetera y látigo» por parte de la administración central, una práctica discrecional que desfinancia a los territorios. En ese sentido, igualaron al gobierno libertario con las «malas prácticas de gestiones anteriores», profundizando la arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos.
El eje ambiental funcionó como un refugio ético frente al negacionismo climático del gobierno central. La VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático mostró el crecimiento de la red de municipios que deciden defenderse de las catástrofes meteorológicas. Los jefes territoriales rescataron la enseñanza del papa Francisco a través de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la «casa común», y recordaron que los desastres climáticos dañan principalmente a los más pobres. Passerini enfatizó que, «mientras el poder central desconoce la crisis ambiental, las comunidades eligen protegerse mediante la integración y el intercambio de ideas con especialistas».
La dimensión sanitaria de la crisis climática también formó parte de la agenda urgente de la cumbre. Se vinculó de manera directa al dengue como una enfermedad «hija del cambio climático» y se criticó la decisión del gobierno nacional de no priorizar políticas de prevención.