La administración de Javier Milei avanza con el cierre de 12 de las 21 dependencias del BCRA fuera de Buenos Aires, lo que genera preocupación por el empleo y el abastecimiento de efectivo en provincias como Chaco, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El Gobierno de Javier Milei profundiza su política de ajuste estatal con el cierre de oficinas del Banco Central en el interior del país, una medida que ya afecta a más de la mitad de los tesoros regionales y genera preocupación por el empleo y el abastecimiento de efectivo. Hasta el momento, se cerraron 12 de las 21 dependencias que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene fuera de Buenos Aires, y está previsto el cierre de al menos cinco más en las próximas semanas.
La estrategia oficial apunta a centralizar la operatoria en la sede porteña, en línea con la lógica de reducción de costos y reorganización administrativa. Estos tesoros regionales cumplen un rol clave en la economía cotidiana: almacenan y distribuyen billetes a bancos locales, permiten el manejo diario de efectivo y garantizan el funcionamiento de cajeros automáticos sin depender de envíos desde la capital. Su cierre genera inquietud en provincias como Chaco, Formosa, Salta o Santa Cruz, especialmente en fechas sensibles como el pago de salarios públicos.
Desde el BCRA justifican la medida en la caída del uso de efectivo, que pasó del 6% al 2% del PBI en los últimos años, y en el crecimiento de los pagos digitales a través de billeteras virtuales y home banking. Bajo este diagnóstico, la entidad busca trasladar la logística del dinero físico a los bancos comerciales y concentrar funciones en Buenos Aires.
La decisión enfrenta fuerte resistencia. La Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, denunció que se trata de un “ajuste innecesario” que pone en riesgo puestos de trabajo y debilita la infraestructura financiera del interior. El gremio ya realizó medidas de fuerza y se mantiene en estado de alerta y movilización. Según estimaciones sindicales, al menos 32 empleos están en riesgo en esta primera etapa.
Delegados sindicales advierten que la centralización podría complicar la provisión de efectivo en regiones alejadas, incrementando la dependencia logística de Buenos Aires. Además, señalan que la medida fue adoptada sin comunicación previa y alertan sobre sus consecuencias a largo plazo en el funcionamiento del sistema financiero. El conflicto también suma respaldo político en las provincias, donde distintos dirigentes cuestionan el impacto de la medida sobre el federalismo y el acceso equitativo a servicios financieros.
Este avance se da en un contexto donde el Banco Central, lejos de ser eliminado como proponía Milei en campaña, se mantiene como un actor central de la política económica. La promesa de “cerrarlo” continúa vigente en el discurso oficial, pero condicionada a objetivos como la eliminación de la emisión monetaria, la reducción del déficit cuasifiscal y el avance hacia una eventual dolarización. Mientras tanto, el Gobierno avanza con cambios estructurales dentro de la entidad.
La reducción de oficinas en el interior aparece como una de las primeras señales concretas de esa transformación. En este escenario, la tensión entre eficiencia fiscal, acceso al efectivo y sostenimiento del empleo plantea un nuevo frente de conflicto, con impacto directo en las economías regionales y en el sistema financiero argentino.