La administración de Donald Trump endureció los requisitos de verificación para solicitudes de beneficios migratorios, lo que genera demoras en procesos clave como green cards, permisos de trabajo, DACA y TPS.
Desde el 29 de abril de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) implementó controles de seguridad más exhaustivos para quienes solicitan beneficios migratorios. La medida, ordenada por el presidente Donald Trump, afecta trámites como green cards, permisos de trabajo, DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Según documentos internos del gobierno estadounidense a los que accedió CBS News, los funcionarios de Uscis deben realizar verificaciones de antecedentes más rigurosas, incluso en casos ya avanzados. Se ordenó no aprobar ningún caso pendiente sin antes someterlo a una revisión basada en datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Aunque Uscis ya tenía acceso a las bases de datos del FBI, ahora se amplió la revisión para identificar antecedentes penales y endurecer los controles migratorios. Los cambios ya afectan solicitudes que requieren huellas dactilares, como green cards, ciudadanía por naturalización, peticiones familiares y asilo.
De acuerdo con el equipo legal Envoy Global, Uscis está revisando por segunda vez los casos pendientes bajo los nuevos procesos. Una vez completada esa revisión, comenzará con los casos más recientes. El portavoz de Uscis, Zach Kahler, aseguró que cualquier demora debería ser breve y resolverse pronto.
No obstante, abogados migratorios expresaron preocupación por quienes esperan permisos de trabajo o deben renovar DACA, ya que el retraso podría ponerlos en riesgo. El endurecimiento responde a una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, que instruye al Departamento de Justicia a brindar mayor acceso a las bases de datos del FBI para identificar migrantes que pudieran representar un peligro.
En su segundo mandato, Trump impulsó políticas como la revisión de redes sociales de solicitantes en busca de actividades consideradas antiamericanas, y la ralentización o freno total de solicitudes de asilo de ciudadanos de 39 países, alegando motivos de seguridad nacional.