El líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, rechazó el pedido de estatización de los servicios de recolección de residuos y barrido de calles planteado por el titular de la Federación Sindical de Municipales Bonaerenses, Hernán Doval, y advirtió que no permitirá la precarización laboral.
En un mensaje difundido este sábado, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se pronunció en contra de la iniciativa de Hernán Doval, secretario general de la Federación Sindical de Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), quien propuso que los servicios de recolección de residuos y barrido de calles pasen a ser gestionados directamente por los municipios.
“No vamos a permitir que se municipalice ningún servicio de recolección de residuos ni barrido de calles”, afirmó Moyano, quien calificó a Doval como “el jefe de prensa de los intendentes” y lo acusó de buscar la precarización de los trabajadores del sector. Según Moyano, los empleados municipales cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, y la municipalización implicaría una reducción salarial para los camioneros.
El conflicto se originó a partir de un video difundido el viernes, en el que Doval, durante un encuentro en Balcarce, argumentó que la municipalización de la recolección de residuos reduciría los costos municipales en un tercio en comparación con las empresas privadas. Doval también señaló la baja recaudación impositiva y la necesidad de optimizar recursos.
Moyano, por su parte, recordó un reciente conflicto en Villa Gesell, donde Camioneros logró la reincorporación de 45 trabajadores tras una mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense. En ese marco, instó a los delegados del sindicato a acercarse a las regionales de los municipales para expresar su rechazo a la medida.
Hernán Doval, oriundo de Avellaneda, asumió este año como secretario general de FESIMUBO. Fue diputado provincial por el Frente para la Victoria (2013-2017), concejal y presidente del bloque en Avellaneda, y actualmente preside la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA).
La polémica se da en un contexto de debate sobre la gestión de servicios públicos y las condiciones laborales en la provincia de Buenos Aires.