La fiscal general Fabiana León instó a que el proceso continúe en el juicio oral, rechazando planteos dilatorios y reafirmando la independencia judicial.
En Argentina, la palabra Justicia suele generar escepticismo. Durante años, muchos procesos por corrupción se han estancado por maniobras dilatorias, nulidades y estrategias para evitar el juicio. En este contexto, la actuación de la fiscal general Fabiana León en el caso de los Cuadernos de las coimas ha sido destacada como un acto de afirmación institucional.
Frente a múltiples planteos destinados a anular el proceso, León recordó que el ámbito natural para discutir la culpabilidad o inocencia es el juicio oral. En los últimos años, esa obviedad ha tenido que ser defendida como si fuera una posición controvertida.
Lo que está en juego no es solo un expediente, sino la relación entre el poder y la ley. Durante demasiado tiempo se ha intentado instalar la idea de que los procesos por corrupción son persecuciones políticas. La fiscal desarma esa construcción con una pregunta simple: ¿a quién se juzga? No se juzga a la Justicia, sino a quienes están acusados de haber saqueado al Estado.
No es casual que durante seis años se haya intentado impedir la realización de este juicio. Una vez iniciado, reaparecen los mismos argumentos para desacreditar la investigación. León lo dijo sin rodeos: “No nos detuvieron durante seis años, no lo van a hacer ahora”.
En Argentina, llevar adelante un juicio por corrupción contra figuras de poder no es simplemente aplicar la ley. Es resistir presiones, campañas de deslegitimación y el desgaste. Cuando un fiscal cumple su función sin ceder, hace lo que debe, pero en un contexto degradado ese cumplimiento adquiere una dimensión que excede lo individual.
Cada vez que un proceso avanza pese a los obstáculos, se rompe el círculo vicioso de la impunidad. La corrupción no es solo un delito económico: es un mecanismo de degradación colectiva. Frente a eso, la actuación de fiscales y jueces independientes introduce un principio de realidad: la ley existe, el juicio es posible y la responsabilidad puede ser exigida.
No es suficiente si no se lo reconoce. El silencio frente a quienes cumplen su deber es aliado de quienes buscan que ese deber no se cumpla. La tarea de magistrados como León recuerda que la República no es una ficción retórica, sino un sistema que se sostiene en conductas concretas.
Quienes se beneficiaron de la impunidad intentarán desacreditar a quienes investigan, convertir a los acusados en víctimas y a la Justicia en culpable. Frente a esa estrategia, la sociedad debe advertir lo que está en juego. La República no se sostiene solo con normas, sino con convicciones.