El sector empresarial de Colombia expresó su preocupación por la cantidad de normas que deben cumplir para operar, lo que denominan ‘normatitis’. La presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, señaló que el modelo regulatorio genera desconfianza y limita la innovación.
El exceso de regulación en Colombia genera preocupación en el sector empresarial. Representantes del ámbito productivo indicaron que la cantidad de normas vigentes dificulta la competitividad de las empresas y contribuye a mantener altos niveles de informalidad. Señalaron que, si bien las regulaciones tienen como objetivo proteger al consumidor, generan desconfianza, limitan la innovación y convierten la formalidad empresarial en un proceso complejo.
La presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguashca, declaró a El Nuevo Siglo que “la forma en la que nosotros hemos decidido construir el andamiaje regulatorio es una forma desconfiada, donde el Estado siempre es quien licencia y previene”.
Maiguashca sostuvo que el país adoptó un patrón en el que se asume que una nueva ley puede resolver cualquier problema. “Tenemos como un hábito regulatorio. Primero, pensamos que la regulación soluciona muchísimas cosas. Segundo, la forma en la que regulamos en el país es muy entrometida”, explicó. Remarcó que “regulamos diciendo en todo momento qué y cómo hay que hacer las cosas con un gran nivel de detalle”.
La dirigente afirmó que este enfoque genera una atmósfera de desconfianza persistente. “Ahí prevalece una sensación de eterna desconfianza, porque nunca hay espacios amplios, siempre se está regulando, pensando en lo que ese va a hacer mal”, puntualizó.
Al analizar las barreras a la formalidad, Maiguashca enfatizó que los obstáculos se relacionan con los altos niveles de informalidad. “La cantidad de trabas que le hemos puesto a la formalidad están íntimamente ligadas con la cantidad de informalidad”, afirmó.
Cuestionó la eficacia de las medidas dirigidas a proteger a los consumidores: “Eso presumiblemente existe para que uno proteja al consumidor, para que nadie abuse de él, pero pasan dos cosas, primero, en un país con estos niveles de informalidad: usted se pasa al siguiente y lo consume y ahí no tiene ninguna protección, entonces ¿cuál es la protección efectiva al consumidor?”
Sobre el ámbito financiero, expresó que el sistema tiene muchas exigencias y que todos los días se agregan nuevas. Afirmó que no existe una protección efectiva al consumidor y que “limitamos la imaginación de quien produce a la imaginación del burócrata”.
Al ser consultada por el impacto de la regulación en la inversión, Maiguashca rechazó centrar el debate solo en grandes empresarios. “Cuando hablamos, escribimos, comentamos las cosas desde el punto de vista del inversionista, de alguna manera nos alejamos de la perspectiva que en realidad importa, que es la del ciudadano, porque es que los intereses del ciudadano y del inversionista en términos generales están en el mismo canasto”, afirmó.
Agregó que los ciudadanos necesitan más productos y servicios. “De alguna manera sentimos que el Gobierno está fregando al gran inversionista, a ese gran empresario, a ese gran capital para protegerme. Pero a todos nos conviene que lleguen más negocios, más empresas que tú puedas escoger”, indicó.
Insistió en que el objetivo central es mejorar la calidad de vida de las personas: “Realmente mi interés no es ese gran inversionista, mi interés es que la gente viva mejor, lo que pasa es que la evidencia nos dice que para vivir mejor es muy útil tener ese gran inversionista”.
Al referirse al sector productivo, Maiguashca destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). “Aquí la fortaleza es de las pequeñas y medianas empresas, y los sueños de las personas deberían estar en que esas empresas sean grandísimas, no chiquitas, pero para eso tenemos que escalar, y para escalar necesitamos que el capital exista, que la gente se asocie, y para eso necesitamos unas reglas del juego que faciliten el desarrollo”, puntualizó.
En cuanto al papel del Estado, Maiguashca propuso revisar la legislación existente “a la inversa”. “No necesariamente tiene que ser un programa, sino que revisemos cada regulación no en tono de qué sobra, sino de lo que haría falta. Es decir, leamos la regulación a la inversa, de qué es realmente necesario”, propuso.
Recordó que existen decretos y normas “de cosas que escribimos hace 20 años y como nadie se ha quejado, ahí están”. Para ella, el apoyo oficial debe centrarse en fortalecer capacidades. “El Gobierno, el Estado en general, debe ocuparse de que tengamos capacidades concretas, capacidades abstractas, es decir, que tengamos la capacidad de aprender, de tener curiosidad, de no hacer caso, y capacidades ciudadanas y capacidades emocionales”.
La líder gremial indicó que este enfoque permitiría que los empresarios desarrollen la vocación de crecer y no queden inmovilizados en tareas cotidianas.