El campesino hondureño Armando Suchite, quien perdió a dos hijos en la masacre que dejó 20 muertos en la aldea de Rigores, en el departamento de Colón, declaró que la comunidad vive una situación de terror.
Rigores (Honduras), 22 may (EFE).- El campesino hondureño Armando Suchite, quien perdió a dos de sus hijos en la masacre que dejó el jueves 20 muertos en la aldea de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, dijo este viernes que están viviendo una situación de terror.
«Nosotros como comunidad nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón ahora es muy peligrosa», dijo Suchite a EFE tras enterrar a sus hijos Elmer (25) y Wilmer Suchite (23) en el cementerio de Rigores, donde fueron sepultadas, simultáneamente, la mayoría de las 20 víctimas de la matanza.
El labriego indicó que las autoridades deben asumir con responsabilidad lo que ha ocurrido en su comunidad y que «por lo menos castiguen a los hechores (autores) del crimen».
«Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros», subrayó Suchite, padre de diez hijos, el menor de nueve años.
Los dos asesinados eran los mayores y se dedicaban a actividades agrícolas y la recolección de fruta de palma africana.
Otro vecino, que pidió omitir su nombre, dijo a EFE que ahí «se vive con mucho miedo y temor».
«Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra», afirmó.
El comerciante Saúl Pineda, residente en el municipio de Tocoa, Colón, donde el 14 de septiembre de 2024 fue asesinado el ambientalista Juan López, expresó a EFE que el conflicto en el Bajo Aguán, una de las mejores regiones agrícolas del país centroamericano, es «por asuntos de invasiones de tierras y en esas invasiones hay plantaciones de fruta».
«Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana», añadió Pineda, quien además considera que las autoridades deben tomar control y actuar pronto contra los responsables de la masacre que ha conmocionado a Honduras.
«Es un hecho muy lamentable, hay mujeres y niños que quedan huérfanos. Debemos ver estas cosas con más preocupación. Las autoridades deben cambiar el sistema que se ha manejado anteriormente, han venido comisiones a reunirse con estas personas, pero al final no han dado frutos», enfatizó.
En su opinión, el Gobierno que preside Nasry Asfura debería «involucrar a otros organismos que puedan ayudarle para llegar a controlar esto».
El reclamo de tierras que han venido haciendo los campesinos, algunos organizados en instituciones, ha derivado en hechos violentos en el Bajo Aguán y otros sectores del país.
Uno de los últimos conflictos en el Bajo Aguán no pudo ser resuelto por el Gobierno que presidió Xiomara Castro (2022-2026), quien creó al iniciar su mandato una comisión al respecto.
En algunas muertes violentas se han visto involucrados guardias de seguridad privada de empresas que cultivan palma africana, actividad que se ha extendido a otros departamentos del norte de Honduras, desplazando en un alto porcentaje a otros cultivos como maíz, fríjoles y cítricos.
Entre el último cuarto del siglo pasado y lo que va del presente, más de 200 personas han muerto de manera violenta por reclamos de tierras, mientras que los Gobiernos que han llegado no han podido resolver el problema.
Los campesinos y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en algunos casos que sectores políticos, incluso en los niveles más altos, junto con autoridades civiles y militares, se han confabulado con grandes empresarios, en detrimento de los campesinos, a los que en parte responsabilizan aduciendo que reclaman tierras que ellos mismos vendieron.
En algunas de las plantaciones de palma africana sus propietarios han colocado rótulos visibles a orillas de las carreteras con mensajes como ‘Propiedad privada’ y ‘Prohibido el paso’, o la advertencia de que cámaras de seguridad están grabando. EFE (foto)(vídeo)