Luego de que el oficialismo obtuviera un resultado favorable en las elecciones legislativas de medio término de 2025, el horizonte de inversión se desplazó hacia octubre de 2027, según un análisis económico.
Durante buena parte de 2024 y en la antesala de las elecciones legislativas de medio término de 2025, el principal riesgo que aparecía en conversaciones sobre inversión en Argentina era la posibilidad de una vuelta del populismo. Este temor se asociaba a que el ajuste fracasara, la sociedad se cansara y el experimento quedara inconcluso antes de consolidar un cambio durable. Por ello, aquellas elecciones eran vistas como una bisagra.
El oficialismo, liderado por Javier Milei, ganó con holgura. El mercado interpretó ese resultado como una ratificación política del rumbo. Además, el apoyo financiero de Washington había quedado atado a ese desenlace.
Sin embargo, pocos meses después, el horizonte se corrió. La promesa implícita de 2025 era que, despejado el test electoral, las expectativas se destrabarían y las decisiones de inversión y consumo reaccionarían con más decisión. Pero se instaló la idea de que hay que esperar; la bisagra se desplazó a octubre de 2027. Ese corrimiento señala lo difícil que resulta disipar las dudas sobre la capacidad del Gobierno de estabilizar la economía y sostener políticamente esa estabilización.
La consecuencia macroeconómica de ese cambio de horizonte es directa: cuando el sector privado deja de pensar que el punto de inflexión quedó atrás y lo ubica un año y medio más adelante, se postergan decisiones y se encarece la prima exigida para apuestas de largo plazo. La inversión responde a la percepción de durabilidad del régimen económico y político. Si esa durabilidad aparece condicionada al próximo turno electoral, el programa pierde potencia.
En el margen empiezan a aparecer datos más favorables: mejora en indicadores de actividad, exportaciones más dinámicas, mayores compras de dólares por parte del Banco Central e inflación más moderada. Pero sería prematuro leer eso como un cambio de tendencia consolidado, porque se trata de una mejora reciente y no fue captada por encuestas de marzo o abril, que reflejaron cautela, desgaste y críticas sobre los resultados del programa.
Si el experimento Milei terminara pareciéndose al de Mauricio Macri –abriendo nuevamente la puerta al populismo– el daño excedería al Gobierno actual. Reforzaría la idea de que cada intento de corrección ortodoxa termina agotándose antes de producir resultados duraderos. Ese sería un diagnóstico equivocado, pero políticamente poderoso. Un nuevo fracaso podría leerse como una refutación histórica de las ideas liberales, con consecuencias duraderas sobre la agenda pública y las decisiones económicas.
El desafío del Gobierno no debería circunscribirse a ganar tiempo hasta 2027, sino evitar que la economía quede rehén de esa fecha. En lo económico, se requieren correcciones: acortar la transición a un régimen más homologable, clarificar la función de reacción de la política monetaria, priorizar mayor acumulación de reservas y reducir la dependencia del ancla cambiario. En lo político, administrar el desgaste social del ajuste, ordenar la secuencia de reformas y evitar peleas internas.
En definitiva, que el horizonte se corra a 2027 revela que una parte importante de los actores económicos no está convencida de que el Gobierno haya transformado sus logros iniciales y su victoria electoral de medio término en una estabilización duradera.