Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reconstruye cómo directivos de la aerolínea Plus Ultra accedieron a ayudas públicas por 53 millones de euros y detalla conversaciones en las que se menciona la necesidad de «hacer un Kitchen Gabinet» para obstaculizar la investigación judicial.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaboró un informe, al que accedió Infobae, que reconstruye el proceso mediante el cual directivos de la aerolínea Plus Ultra accedieron a ayudas públicas destinadas a paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector aéreo. Según el informe, la compañía obtuvo las ayudas «fuera de los cauces legalmente establecidos» en dos pagos: uno inicial de 19 millones de euros y otro de 34 millones, totalizando 53 millones de euros. El segundo tramo fue bloqueado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mientras avanzaba la investigación.
El informe revela una conversación del 20 de mayo de 2021 entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y su abogado Miguel Palomero. En ella, Palomero afirma: «la instrucción es muy importante» y agrega que «la fiscal jefa es amiga» y que «hay que cortar esto». Reyes responde «Absolutamente» y sugiere que Palomero hable con Julio Martínez, presidente de la aerolínea. Palomero concluye: «Hay que hacer un Kitchen Gabinet».
Según el informe, Reyes y Palomero fueron los ideólogos de contactar al entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para acelerar el rescate. En marzo de 2020, Reyes preguntó a Palomero qué se le ocurría «a nivel político» para acceder a las ayudas. Palomero respondió: «Tocamos a Ábalos». En diciembre de 2020, Palomero dejó constancia: «Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionario jeje».
El contexto se tornó complejo en mayo de 2021, cuando el segundo lote de 34 millones fue congelado. «Hay que cortar esto», indicó Palomero a Reyes. Luego consultaron a Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra, sobre cómo proceder con la Justicia.
La UDEF detalla un esquema de empresas offshore y filiales internacionales cuyo objetivo era dificultar el seguimiento de los fondos. El informe señala que se realizaron incautaciones de comunicaciones, análisis de correos electrónicos y movimientos bancarios. Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aparece como administrador en múltiples sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Martínez gestionó 39 sociedades entre 2020 y 2024, de las cuales 20 permanecen inactivas.
Las investigaciones policiales apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero como principal cabecilla. «Esta red organizada estaría liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero», afirma el escrito. Las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, figuran como administradoras de WhaTheFav, entidad que percibió al menos 239.755 euros desde Análisis Relevante S.L., así como transferencias superiores a 561.000 euros originadas por Inteligencia Prospectiva y otros importes de Gate Center y Thinking Heads.
La documentación aportada a Hacienda se fundamentaba en contratos y facturas generados por la red, sin contraprestaciones reales. El informe revisa expedientes que muestran una vía recurrente para blanquear fondos: contratos falsos, facturación simulada, triangulación de pagos y enmiendas a los conceptos en las facturas. La red utilizaba administradores formales que actuaban como testaferros.